Bonito artículo, ahi se los dejo
Escándalo en puerta, a Marín le llueve sobre mojado
Además de un tremendo “coscorrón” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno marinista podría verse envuelto en otro escándalo judicial de corrupción y tráfico de influencias, a raíz de una reactivada investigación por parte de la Procuraduría General de la República en contra de dos influyentes funcionarios de su administración.
Anteayer miércoles, el constructor Eduardo García Súarez, quien a finales de febrero del año pasado presentó una denuncia penal por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra del secretario de secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Alejandro Fernández Soto, fue citado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales para ampliar su declaración.
Hasta donde se sabe, antes de la comparecencia ministerial del ex presidente de la Concanaco, que se prolongó por casi 6 horas, la PGR efectuó algunas indagatorias sobre negocios, propiedades y cuentas bancarias de Javier García, así como sobre algunos funcionarios y empresarios que participan o habrían participado en el Corporativo Shiva, como el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Alejandro Fernández Soto; el aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Iván Mange Zamora, el abogado Guillermo López Vázquez y el empresario Santiago Bárcena Arreola.
En su denuncia inicial, ante la Procuraduría del Distrito Federal, García Suárez acusó tanto a García Ramírez como a Fernández Soto de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a través del pago de comisiones por asignación de obra; la apertura de antros, como bares, discotecas y restaurantes a nombre del Corporativo Shiva, y la compra de cartera vencida de instituciones como Bancomer, vía el Fobaproa.
Por tratarse de delitos del ámbito federal, la denuncia que el ex presidente de la Concanaco presentó junto con su hijo Eduardo García Casas y los empresarios Ricardo Villa Escalera, Jaime Andreu y Fernando Lois Lorencez fue turnada a la PGR, quien desde la semana pasada giró citatorios a cada uno de los quejosos.
Para el miércoles próximo fue citado en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales Eduardo García Casas, quien, por cierto, acaba de regresar de Argentina, tras un viaje de negocios de una semana.
A manera de antecedente, le cuento que García Suárez interpuso su denuncia después de perder una licitación convocada por la Seduop, para elaborar el proyecto ejecutivo de las obras de ampliación del Hospital de Especialidades del Issstep, y de una carta enviada al gobernador Mario Marín que nunca le fue respondida.
En su misiva, el ex presidente de la Concanaco expuso: "Confiando en usted, hemos participado en varios concursos y hemos ganado algunos de ellos; sin embargo, las obras o proyectos se han asignado a otros concursantes. El más lamentable ocurrió el día de hoy, viernes 10 de febrero. El concurso fue por el proyecto ejecutivo para la ampliación del hospital de especialidades del Issstep".
Lo que irritó a García Suárez es que el contrato se le asignó a la empresa Nabla Ingeniería y Diseño S.A. de C.V., que había presentado la cotización más alta (5 millones 993 mil 705 pesos), en tanto que Lua Internacional S.A. de C.V., cotizó el proyecto en 5 millones 594 mil 397 pesos. Nabla es propiedad de Carlos González, de quien García Suárez dice en su carta: "El mérito de este personaje es haber arreglado el edificio del ayuntamiento cuando usted era presidente municipal".
Salió de aqui:
Escándalo en puerta, a Marín le llueve sobre mojado
Además de un tremendo “coscorrón” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno marinista podría verse envuelto en otro escándalo judicial de corrupción y tráfico de influencias, a raíz de una reactivada investigación por parte de la Procuraduría General de la República en contra de dos influyentes funcionarios de su administración.
Anteayer miércoles, el constructor Eduardo García Súarez, quien a finales de febrero del año pasado presentó una denuncia penal por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra del secretario de secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Alejandro Fernández Soto, fue citado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales para ampliar su declaración.
Hasta donde se sabe, antes de la comparecencia ministerial del ex presidente de la Concanaco, que se prolongó por casi 6 horas, la PGR efectuó algunas indagatorias sobre negocios, propiedades y cuentas bancarias de Javier García, así como sobre algunos funcionarios y empresarios que participan o habrían participado en el Corporativo Shiva, como el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Alejandro Fernández Soto; el aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Iván Mange Zamora, el abogado Guillermo López Vázquez y el empresario Santiago Bárcena Arreola.
En su denuncia inicial, ante la Procuraduría del Distrito Federal, García Suárez acusó tanto a García Ramírez como a Fernández Soto de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a través del pago de comisiones por asignación de obra; la apertura de antros, como bares, discotecas y restaurantes a nombre del Corporativo Shiva, y la compra de cartera vencida de instituciones como Bancomer, vía el Fobaproa.
Por tratarse de delitos del ámbito federal, la denuncia que el ex presidente de la Concanaco presentó junto con su hijo Eduardo García Casas y los empresarios Ricardo Villa Escalera, Jaime Andreu y Fernando Lois Lorencez fue turnada a la PGR, quien desde la semana pasada giró citatorios a cada uno de los quejosos.
Para el miércoles próximo fue citado en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales Eduardo García Casas, quien, por cierto, acaba de regresar de Argentina, tras un viaje de negocios de una semana.
A manera de antecedente, le cuento que García Suárez interpuso su denuncia después de perder una licitación convocada por la Seduop, para elaborar el proyecto ejecutivo de las obras de ampliación del Hospital de Especialidades del Issstep, y de una carta enviada al gobernador Mario Marín que nunca le fue respondida.
En su misiva, el ex presidente de la Concanaco expuso: "Confiando en usted, hemos participado en varios concursos y hemos ganado algunos de ellos; sin embargo, las obras o proyectos se han asignado a otros concursantes. El más lamentable ocurrió el día de hoy, viernes 10 de febrero. El concurso fue por el proyecto ejecutivo para la ampliación del hospital de especialidades del Issstep".
Lo que irritó a García Suárez es que el contrato se le asignó a la empresa Nabla Ingeniería y Diseño S.A. de C.V., que había presentado la cotización más alta (5 millones 993 mil 705 pesos), en tanto que Lua Internacional S.A. de C.V., cotizó el proyecto en 5 millones 594 mil 397 pesos. Nabla es propiedad de Carlos González, de quien García Suárez dice en su carta: "El mérito de este personaje es haber arreglado el edificio del ayuntamiento cuando usted era presidente municipal".
Salió de aqui:
http://www.e-consulta.com/lacorte/index.html
