9/27/07

¿¿Que dijo??

Diputada Edith Cid Palacios, cantinfleando



Con estos políticos pa' que queremos enemigos

El precioso le sacatea a la prensa internacional

Efraín Nuñez Diario cambio

El Gobernador Mario Marín Torres omitió abordar temas espinosos ante la prensa nacional antes de que terminara la reunión de la Conferencia de Protección Civil Nacional de Gobernadores esta tarde en el Hotel Sheraton de la ciudad de México. Cuando la reportera de grupo Enfoque, Brenda Herrera le preguntó su opinión respecto a la nota publicada en el periódico La Jornada en el sentido de que los legisladores federales habrían aceptado el dictamen del Ministro Juan Silva Meza, el mandatario poblano dijo que no contestaría preguntas que no fueran relacionadas con la reunión. Así mismo se intentó cuestionarlo sobre la nota publicada en el periódico nacional Récord en la cual su nombre vuelve a aparecer en conversaciones comprometedoras. Esta vez tanto Roberto Ruiz Esparza como Emilio Maurer hablan del gobernador y de su intención de invertir recursos del estado en el Puebla de Franja para lograr su asenso a la primera división. De igual forma en dicha plática se revela que el gobernador poblano habría estado detrás del ex futbolista Roberto Ruiz Esparza para que obtuviera la candidatura del PRI a la alcaldía capitalina.

Ante esta información Mario Marín se concretó a señalar que “no puede responder sobre actos que “no son míos”.

Por si fuera poco cuando un reportero le preguntó al gobernador su opinión sobre el aplazamiento hasta enero próximo del aumento en el precio de la gasolina Marín le pasó el micrófono a Silverio Cabazos gobernador de Colima, quien respaldó la decisión del presidente de la República, Felipe Calderón y señaló que la mayoría de los gobernadores del país se encuentran en dicha postura; al término de su respuesta el gobernador poblano Mario Marín simplemente se limitó a responder: coincido plenamente

Espaldarazo del Congreso a Silva Meza en el caso Marín

Jesús Aranda la jornada

La Cámara de Diputados y el Senado de la República avalaron en todos sus términos el dictamen elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan N. Silva Meza, el cual atribuyr responsabilidad política al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, por haber violado gravemente las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y por violentar los principios democráticos del federalismo y de división de poderes.

De esta forma, el Congreso de la Unión dio a Silva Meza respaldo unánime, el cual no tuvo entre sus compañeros de pleno cuando conocieron su resolución, el 26 de junio pasado; en esa ocasión sólo Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls Hernández apoyaron sus conclusiones.

En vísperas de que el ministro entregue su propuesta definitiva sobre el caso Lydia Cacho, trascendió oficialmente que hace unos días las cámaras de Diputados y de Senadores le entregaron su opinión sobre el mencionado dictamen, en el que se sostiene la responsabilidad de Marín, lo que abriría la puerta para un eventual juicio político en contra del mandatario estatal.

Mientras, en la Corte hay quienes confían en que al menos tres ministros se sumen al proyecto para alcanzar mayoría y que el tribunal deje en manos de otros poderes el destino de Marín. Cabe señalar que en junio pasado el pleno desaprobó el veredicto en el que se acreditaba la responsabilidad del gobernador de Puebla, con el argumento de que ni al mandatario ni a los otros funcionarios se les había respetado su garantía de audiencia, porque no tuvieron oportunidad de “defenderse” de las conclusiones.

Pese al rechazo del ministro Silva, se determinó que el informe era “preliminar” y que éste tenía que dar vista a todos los involucrados para que respondieran lo que a su derecho conviniera.

Después de que la Corte emitió nuevas reglas para las comisiones investigadoras, que para este asunto se aplican de manera retroactiva –según Silva Meza–, se concedieron 15 días para que todos los notificados respondieran al informe.

Así se hizo; decenas de notificaciones se presentaron personalmente; las más importantes fueron al propio Marín, a las cámaras de Diputados y de Senadores –las cuales en su momento solicitaron la intervención de la Corte en este caso–, así como a los principales funcionarios de procuración e impartición de justicia de Puebla y Quintana Roo.

Ambas cámaras avalaron las conclusiones –el resto de quienes de quienes fueron notificados tiene esta semana para responder–, lo cual fue interpretado por altos funcionarios judiciales como un “espaldarazo” para Silva Meza, y deja en evidencia a la mayoría de ministros que descalificaron sus conclusiones.

Fuentes de la Corte comentaron que los abogados de Marín, entre ellos Fabián Aguinaco, hijo del ex presidente de la Corte Vicente Aguinaco Alemán, ya acudieron a conocer de primera mano el veredicto, además de que funcionarios de la consejería jurídica del gobierno Puebla se apersonaron desde el pasado jueves 13 de septiembre en el edificio del máximo tribunal para conocer todo el expediente del caso Lydia Cacho, particularmente los testimonios y declaraciones en los que se fincó el dictamen.

Se espera que esta semana Marín responda a los señalamientos en su contra –lo que se negó a hacer cuando fue interrogado por el propio Silva Meza antes de elaborar su fallo–, así como los otros involucrados.

Aunque se espera que los funcionarios señalados aleguen que no violaron gravemente las garantías individuales de la periodista, trascendió que es un hecho que la resolución que presentará el ministro ante el pleno acredite nuevamente la responsabilidad política del gobernador poblano, además de que en todo momento se preservaron las garantías individuales y el derecho de audiencia de los funcionarios investigados.

En sus conclusiones, el veredicto de Silva Meza dejaba al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia del juicio político contra Marín Torres; que las legislaturas de Puebla y Quintana Roo observaran la responsabilidad de sus respectivos procuradores y presidente del tribunal de justicia poblano, y que el Ministerio Público de esas entidades ejerciera acción penal por corrupción de autoridades y delitos contra la administración de justicia.

Lo anterior se fundamentó en la declaración de 117 personas, el análisis de grabaciones telefónicas, publicaciones, informes oficiales, reportes de telefonía, expedientes, actuaciones judiciales y ministeriales de autoridades de Puebla y Cancún, que permitieron concluir que “sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos de Lydia Cacho”.

Asimismo se asienta que durante la investigación las autoridades poblanas se condujeron “en forma falaz al narrar los acontecimientos, sin apegarse a las realidades que sucedieron”, con el propósito de desviar la investigación y que no se llegara a conocer el concierto de acciones del gobernador Marín Torres, de la procuradora Blanca Laura Villela, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, y del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, así como la participación de particulares para violar los derechos de la periodista.

También se da cuenta de la celeridad con que la juez Rosa Aurora Espejel concedió la orden de aprehensión contra Cacho Ribeiro cuando fue demandada por Kamel Nacif Borge, ante la publicación del libro Los demonios del Edén. Se advierte que durante el traslado de Cacho a Puebla se montó un operativo con gente cercana a Kamel Nacif, que “escoltó” el traslado de la periodista.

Se explica que la concertación de acciones entre el gobernador y los titulares del tribunal de justicia y la procuraduría vulneró “los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, defensa e igualdad” de Cacho.

El dictamen, de más de mil hojas, señala que hubo aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno, y que el mandatario de Puebla interviene en las decisiones del Poder Judicial y la procuraduría estatal, lo que atenta gravemente contra la vigencia del estado de derecho en esa entidad.

Crimen sin castigo

el chamucho

HelgueraHernandez
El rape

Helguera

El Fisgón

Prensa poblana en la monotonía

Juan Pablo Proal http://www.poblanerias.com
Puebla, Puebla (04 de Septiembre de 2007).- Si en la prensa nacional es llamado por su nombre: “Caso Marín-Cacho”, los periódicos locales lo reducen a “Caso Cacho” o, de plano, lo omiten de la agenda. Ello es sólo un botón de muestra que evidencia una cobertura mediática basada en la exaltación de la agenda del gobernador de poblano, Mario Marín Torres, mediante la diaria publicación de sus boletines, la desaparición de cualquier viso de crítica hacia él, la coacción de los periódicos que alguna vez fueron opositores a su gestión, y, desde luego, un gasto desproporcional en publicidad.

Desde hace 16 años, Luis Ortega Morales, director del Sistema de Información Clasificada –prácticamente la única empresa independiente en el estado en materia de observación de medios—, revisa metódicamente el comportamiento de la prensa en Puebla. En el caso específico del tratamiento informativo del gobernador, arroja información que pudo pasar desapercibida: algunos periódicos locales jamás han hablado de la investigación que sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Marín Torres; otros nunca han escrito la palabra Lydia Cacho Ribeiro en sus líneas; unos más esconden el tema en los interiores y pocos brindan la información completa.

Basta echar un vistazo a las primeras planas del 15 de junio, un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la procedencia del juicio político contra el gobernador. El periódico de mayor circulación en el estado, El Sol de Puebla, de Organización Editorial Mexicana, ignoró en su cabeza el tema y la reemplazó por un texto sobre contaminación. Prácticas similares utilizaron los diarios El Heraldo de Puebla, Milenio Puebla, Intolerancia y La Opinión.

El Sol de Puebla tituló su noticia principal de ese día: “Descarta Salud alto riesgo por polución”; Milenio: “Crisis lechera”; El Heraldo de Puebla: “Uso responsable de la libertad: Henaine”; La Opinión: “Cámaras en Centros de Verificación para evitar corrupción: SEMARNAT”. Los únicos medios dieron cobertura al caso fueron La Jornada de Oriente, Síntesis, E-consulta, Mediática y Cambio.

En entrevista, Ortega Morales apunta que periódicos como Milenio o el sitio virtual Mediática se limitaron a publicar un par de notas sobre el tema a lo largo de toda la semana de la disyuntiva de la SCJN.

El ex jefe de prensa de la Universidad Autónoma de Puebla clasifica en dos grandes grupos la forma como se trató esta fase de la investigación que se sigue al gobernador por su probable confabulación con las autoridades judiciales y el empresario Kamel Nacif Borge para aprehender a la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Unos periódicos publicaron íntegros los boletines del gobierno, mientras que otros pocos entrevistaron a la contraparte.

Si el analista del SICLA brinda una radiografía de lo publicado, el reportero Martín Hernández Alcántara, del periódico La Jornada de Oriente, explica en detalle el trato del gobierno hacia la prensa que se atreve a cuestionarlo.

Es tajante: “Yo he renunciado a cubrir al gobernador, a cubrirlo formalmente; es un tipo que siempre se llena la boca hablando de transparencia y de rendición de cuentas, pero solamente le gusta hablar de los temas que para él son cómodos; tiene además a un grupo de reporteros que siempre lo está protegiendo”.

-- ¿Y cómo lo protegen? –se le inquiere—

-- Haciendo una pregunta desvinculada del tema. Por ejemplo, si el gobernador está inaugurando una obra o está dando recursos y tú quieres preguntarle sobre el tema de Lydia Cacho ellos desvían la entrevista, meten las grabadoras y preguntan sobre el acto en cuestión.

-- ¿Por qué renunció a cubrir al gobernador? ¿Es tan difícil cubrir esta fuente?

-- La mayoría de los jefes de prensa están encargados de cerrarles las puertas a los reporteros. La única vía institucional, además de la ley transparencia o una entrevista banquetera, es a través de los organismos. Solicitas una entrevista con el Secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, y su jefe de prensa difícilmente te tomará la llamada. En temas espinosos, por ejemplo, al consejero jurídico, Ricardo Velásquez, si le solicitas una entrevista no te la va a dar. Yo lo he intentado tres veces.

Lo cierto es que la ley de transparencia tampoco ha resultado efectiva para conocer el manejo de la administración del titular del Poder Ejecutivo. Como prueba, están la negativa de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) de negar al ciudadano José Emilio López López la bitácora de viajes de Marín Torres –quien recurrentemente sale al extranjero— o los recursos de revisión de los periodistas Jorge Machuca Luna y Ernesto Aroche Aguilar por conocer a detalle el gasto de “Avances”, una de las tantas campañas publicitarias de la dirección de Comunicación Social.

A todo lo anterior, se suma otro recurso de revisión –aún en trámite-- promovido por quien esto escribe por la negativa del gobierno del estado de dar una copia de las facturas de sus gastos en medios locales y nacionales. Y es que la publicidad del Poder Ejecutivo no se limita a “Avances”, sino que a diario se anuncian en los medios nacionales de mayor circulación.

Sobre el periplo para conocer la campaña de “Avances”, Aroche Aguilar, colaborador de la revista Emeequis, detalla:

“Lo único claro, transparente pues, es que la administración encabezada por Mario Marín Torres no tiene interés alguno en mostrar a sus empleadores que el dinero tirado a carretadas para aceitar la maquinaria informativa no ha servido para limpiar su imagen.

Caso paradigmático —porque fue uno de los que me ha tocado protagonizar junto con el reportero Machuca— es la solicitud referente al costo y gasto erogado en las cápsulas informativas Avances.

“La espera y trámite de la información desgranó al calendario cerca de 120 días antes de que la información fuera entregada finalmente, no sin antes atravesar los intrincados vericuetos y los trabas que la estructura gubernamental colocó en el camino. Hubo que esperar dos periodos para recibir una respuesta leguleya y verborreica que obligaba al solicitante a consultar el Clasificador del Objeto del Gasto o manual de partidas presupuestales y encontrar ahí el número de partida que engloba la información solicitada”.

Sin dar grandes detalles, la información proporcionada por el gobierno del estado se limitó a citar que Marín Torres desembolsó 184 millones de pesos para promocionar su eslogan: “El trabajo de un gobierno de resultados”. Esta cifra es casi el doble del presupuesto de la Secretaría de Cultura.

Sobra decirlo pero los principales beneficiarios de esa campaña fueron las televisoras Televisa y TV Azteca en sus repetidoras locales, con 7 y 17 millones de pesos respectivamente. Ambas compañías nunca incluyen notas negativas hacia el gobierno en turno.

También recibieron jugosas ganancias los periódicos El Sol de Puebla, con 252 mil pesos; Síntesis, con 253 mil 920 pesos e Intolerancia, con 165 mil 600 pesos.

La relación entre los dueños de los periódicos y el gobierno es consecuencia de la falta de visión empresarial de los directivos de los periódicos, apunta el reportero Ignacio Juárez Galindo, del portal E-consulta: “En algunos casos el contrato del gobierno llega a el 80 por ciento de la nómina, los empresarios de medios han sido miopes o chocan contra sus propios intereses para tener empresas independientes”.

Estos vínculos estrechos ayudan a entender el vuelco informativo del periódico El Heraldo de Puebla, cuyo dueño actual es Ricardo Henaine, principal accionista del Aeropuerto Hermanos Serdán e íntimo de Marín Torres. Hasta hace unos meses, cuando José Gutiérrez Vivó era propietario del diario, en la primera plana aparecía un cintillo con la leyenda “Recuento de la impunidad”, que anotaba cada día que pasaba sin tener una resolución de la SCJN.

Con la llegada de Henaine no sólo ese conteo desapareció, sino cualquier crítica a Marín Torres, apunta Luis Ortega Morales: “En el caso de El Heraldo, el cambio de línea editorial fue evidente y escandaloso”.

Otro periódico que era inclemente con Marín Torres y de repente suavizó sus textos fue Cambio, apunta el director del SICLA: “Las notas que estaban permanentemente incidiendo sobre tal o cual funcionario se acabaron”.

Ante la cerrazón de los funcionarios y la falta de transparencia, el reportero Martín Hernández Alcántara se remite a reproducir --en gran parte de sus notas relacionadas con Marín Torres-- los boletines del gobierno del estado, que además son pagados por la administración estatal y en algunos periódicos es obligación del reportero basar su información íntegra en ellos.

-- ¿Se siente presionado por reproducir el boletín?

-- No soy presionado a hacerlo, pero sí es una obligación y es una obligación porque hay un convenio con el gobierno del estado que obliga a los medios de comunicación, al menos en el que yo participo, a insertar diariamente un boletín informativo a manera de nota, firmado por el reportero en nuestro caso.

Por separado, Ortega Morales añade: “Todos los periódicos publican los boletines, ningún medio se niega. ¿Cómo equilibran la información? Varía: a veces los reporteros lo firman sin cambiar una sola coma; a veces le dan la entrada y después lo reproducen íntegramente, y en otras ocasiones simplemente aparece sin autor: aparece con el nombre del periódico”.

Ex defensor de Succar da la razón a Lydia Cacho

Desde la jornada

Un video de sexo explícito entre dos menores de edad, en el que aparece a cuadro el presunto pederasta Jean Succar Kuri, El Johnny, provocó que el abogado Wenceslao Cisneros Amaya y su equipo jurídico renunciaran a la defensa del empresario estadunidense.

La imagen fue grabada por una mujer, al parecer Gloria Pita Rodríguez, La Ochi, esposa de Succar, y en ella se aprecia el rostro de El Johnny, quien está dando indicaciones a dos niñas que son obligadas a tener relaciones íntimas.

Las imágenes provocaron que Cisneros Amaya admitiera ayer, entrevistado por este diario, que la periodista Lydia Cacho –quien ha sido perseguida judicialmente a raíz de que puso al descubierto una red internacional de pederastas– tiene razón en sus acusaciones.

El ahora ex defensor de Kuri refirió que hace dos semanas vio el video en Cancún y su primera reacción fue visitar al empresario detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México. “El muy cínico se hizo el inocente. Le dije que era un pervertido sexual, que estaba enfermo y que yo tengo límites morales en mi profesión y por eso no lo podía seguir defendiendo”.

Este es el segundo bufete que deja la defensa de Succar, luego de que hace cuatro años el despacho de los hermanos Andrade –que estaba a cargo del caso del empresario acusado de violación equiparada, abuso sexual, pornografía infantil y lavado de dinero– también renunciara.

Cisneros Amaya aseguró ayer que el video en el que aparece Succar con las menores está en poder de los abogados Gabino Andrade y su hijo Sidhartha. “Fueron ellos quienes nos invitaron a una plática en Cancún. Ahí me dijeron: ‘te queremos prevenir porque el señor (Succar) no te va a pagar, así nos hizo a nosotros; luego te va a decir que le roban, que lo defraudan, pero para que te des cuenta a quién estás defendiendo ahí te va’. Entonces me sacan un disco y me muestran un video en una laptop; la imagen es de dos niñas de siete años totalmente desnudas y arriba de la cama, mientras Succar Kuri y una mujer muy cercana a él están filmando, fotografiando y diciéndoles a las menores qué actitud tomar ante la cámara y en qué posiciones deben colocarse para que se vean lésbicas. En el video se aprecia totalmente los rostros de las menores, de Succar y de la mujer que ahí aparece”.

El litigante admitió que durante varios meses “fuimos engañados de que (Succar) era inocente con todo lo que nos habían dicho las menores (Edith Encalada y su hermana, quienes presentaron las primeras denuncias contra el presunto pederasta, aunque después se retractaron), pero ahora resulta que sí tenía razón esta señora (Lydia Cacho).

–¿La mujer que aparece en el video es la esposa de Succar?

–No lo sé, quienes lo saben son los abogados Andrade.

–¿Ya habló con Lydia Cacho o con sus abogados?

–Sí, platiqué con los abogados hace semana y media; ya saben sobre el contenido del video.

Cisneros agregó que “recientemente me enteré de unas menores que Jean Succar Kuri trajo de El Salvador y luego llevaron a a Miami, con personas de mucho dinero a las que se las vendieron”.

Esta versión del ex defensor de El Johnny refuerza la hipótesis de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), respecto de que Succar forma parte de una organización de prostitución y pornografía infantil internacional que opera desde Cancún, con ramificaciones en varios estados.

Además, confirma la tesis central de Lydia Cacho, expuesta en el libro Los demonios del Edén, en el cual la comunicadora puso al descubierto las redes de empresarios y servidores públicos mexicanos de las que se valió Succar Kuri, a manera de complicidad, para realizar actividades sexuales ilícitas en México.

Actualmente, la Fiscalía para Mujeres de la PGR busca acreditar que Succar Kuri encabeza una red mundial de pederastia, turismo sexual y trata de mujeres que opera en Baja California, estado de México, Distrito Federal, Puebla, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. El año pasado, la titular de esa fiscalía dijo a La Jornada que no se trataba de “redes de pederastas mexicanos para consumo mexicano, sino para el mercado internacional”.

Otro factor que llevó al penalista Wenceslao Cisneros Amaya a abandonar la defensa de Succar Kuri fue una carta que recibieron el mes pasado los familiares del presunto pederasta.

Así lo contó ayer el litigante: “Poco antes de salir de Cancún recibí una llamada a las dos y media de la madrugada, de parte de la esposa de Succar. Ella me dijo que le urgía verme en la villa número uno de Solymar. Fui a esa hora. Estaba asustada. De un sobre sacó una hoja tamaño oficio que venía con recortes de periódicos y decía: ‘Edmon y Jerry (así se llama uno de los hermanos de El Johnny y el hijo de éste), ustedes traicionaron a la familia cubana y por eso están señalados para morir’. La carta estaba firmada con una Z y al reverso estaba una foto de Jesús Aguilar Aguilar, un joven al que mataron recientemente y que era muy amigo de Edmon. A Jesús primero lo levantaron, junto con otros tres sujetos que estaban viviendo en uno de los condominios de Solymar. Después, sus cadáveres fueron encontrados con rastros de haber sido ejecutados por sicarios”, puntualizó.

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