12/17/07

Cuando ya ni llorar es bueno

El goberneitor preciosos
esta si que nos consta que está basada en hechos reales

12/8/07

El manual de marin


Esto es cultura, ¡esto es adelanto y civilización señor!
El manual de Marín. Si quieren ser políticos responsables deben leer: El manual de Marín. Así serán; educados, honestos, morales, éticos y sobre todo ejemplares funcionarios para su comunidad.

Si ustedes leen El manual de Marín, su léxico se vera muy bien nutrido con palabras tan bellas como "le di un coscorrón a la pinche vieja"

Con la compra de este manual usted recibirá gratis una botella de coñac.



El notifiero

y mas cartones

Obvio, de la jornada

El Fisgon
El Fisgon
Helguera

Naranjo

11/28/07

Unos cartones

Helguera
Rocha

Muy buen resumen de la sesión


Marín gana la primera batalla
Seis ministros noquean a Silva Meza y eliminan el tema de la pederastia de la investigación
Selene Ríos Andraca / Arturo Rueda / Ciudad de México / Enviados

El primer tema que se puso a discusión fue la extensión de la indagatoria, es decir, si el proyecto debería de incluir en sus propuestas un llamado a las autoridades para mejorar el tratamiento a los casos de abuso sexual infantil

Mario Marín Torres ganó la primera batalla, pero la guerra aún no termina. Una mayoría de seis ministros noqueó a su compañero Juan Silva Meza, al eliminar del dictamen preliminar la investigación concerniente a las redes de pederastia, pornografía y explotación infantil. Empero, los bandos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se equilibraron cuando el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo adelantó su voto a favor en la culpabilidad de las autoridades poblanas en la violación de los derechos fundamentales de la periodista.
Para condenar a Mario Marín se han manifestado claramente: Juan Silva —autor del proyecto—, José Ramón Cossío Villegas, Olga Sánchez Cordero, Genaro Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo.

En contra del proyecto de Silva Meza se pronunciaron, Sergio Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia —autor del primer proyecto que exoneraba a Marín—, Sergio Valls y Mariano Azuela.

Es posible que a la tendencia conservadora se sume la ministra Margarita Luna Ramos y tendrá en sus manos la decisión el nuevo ministro Fernando Franco, muy cercano al presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Así, el resultado final podría quedar en manos de Fernando Franco Guzmán, ministro ausente en las dos sesiones de la Corte que ha tratado el tema, pero que se prevé que se reincorpore este jueves cuando posiblemente se termine de discutir el futuro político del gobernador Mario Marín Torres.

El primer tema que se puso a discusión fue la extensión de la indagatoria, es decir, si el proyecto debería de incluir en sus propuestas un llamado a las autoridades para mejorar el tratamiento a los casos de abuso sexual infantil.

Olga Sánchez, Ramón Cossío, Genaro Góngora y Juan Silva defendieron su postura y argumentaron que el proyecto incluía denuncias y testimonios de víctimas sexuales, ya que ese tema había provocado la venganza de Kamel Nacif y que Mario Marín le pusiera a sus pies el aparato de justicia de Puebla.

Empero, Mariano Azuela, Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna, Gudiño Pelayo, Sergio Valls y Aguirre Anguiano avalaron que lo concerniente a la pederastia fuera eliminado, ya que la Corte decidió el 25 de enero de 2006 que se investigara el concierto de autoridades, exclusivamente.


El cruce de llamadas

Después de un receso y a media hora que terminara la sesión pública, Ortiz Mayagoitia puso a discusión la intervención de llamadas telefónicas y la polémica conversación que sostuvo Marín con el empresario Kamel Nacif.

El primero en fijar su postura fue Aguirre Anguiano, quien dijo que la Constitución solamente prevé la intervención de líneas telefónicas cuando se indaga sobre un tema relacionado con la delincuencia organizada.
“Los comisionados mandaron intervenir líneas telefónicas del gobierno del estado de Puebla, de toda gama de autoridades del estado de Puebla, la previsión de estas diligencias de intervención de comunicaciones privadas, la Constitución la refiere a la ley, y la ley prevé estas diligencias, cuando se trata de delincuencia organizada.”


Según Aguirre, la Comisión Investigadora a cargo de Silva violentó la soberanía del gobierno del estado al intervenir sus números: “Bueno, a mí me parece que hubo un agravio a la soberanía o a la autonomía si se quiere, del estado de Puebla, al ordenar la intervención de estas líneas telefónicas, pero algo más, no se tenía el menor indicio de que se tratara de delincuencia organizada, entonces hubo un salto monumental en las atribuciones de los comisionados.”

Después habló de la conversación de Marín con Kamel, la cual dijo, se obtuvo de manera ilegal y tiene valor cero en la indagatoria, empero, dijo, el dictamen de Meza la da por válida en la investigación.

“La textualización de ella, sino que después se cambian las premisas, se da por buena sin decir porqué esta conversación, se le atribuyen méritos convictivos y a través de ella se llega a diferentes engarces probatorios, yo repruebo el método, es un mal manejo de la prueba de inferencias, la res probatum quedó hecha polvo.”
Mariano Azuela se sumó a la postura de Aguirre Anguiano.

En respuesta a esta intervención, la ministra Sánchez Cordero condenó las palabras de su compañero y con dictamen en mano le leyó que Silva Meza ocupó la conversación como punto de partida y que nunca la dio por válida.

Sánchez Cordero leyó: “Sin embargo, como desde el momento mismo de la publicación de la conversación se anotó, y después se comprobó por la Comisión Investigadora, la conversación telefónica no fue obtenida con autorización judicial, lo que constituye una condición que la Constitución Federal señala para que pudiese dársele valor probatorio; por tanto —y aquí viene la respuesta al ministro Aguirre— la Comisión Investigadora determinó, sólo considerarla como hipótesis a verificar, en términos de lo determinado por esta Suprema Corte en la resolución del veinticinco de enero de dos mil siete.”

El segundo en fijar una postura con respecto al cruce de llamadas fue José Gudiño Pelayo, quien consideró que el cruce de llamadas que hizo Silva Meza en abril del 2007, no arroja ningún elemento probatorio digno de discutirse: “Las intervenciones que hizo la comisión, de los cuales no se desprende elemento alguno, creo que esto queda claro en el dictamen y de esa no vale la pena ocuparse”. Empero, Gudiño Pelayo validó que Silva Meza haya utilizado la conversación Marín-Nacif para iniciar la investigación y en ese punto le respondió a Aguirre, al aclararle que el objeto de la investigación nunca fue averiguar si Kamel se había comunicado con Marín, sino el concierto de autoridades.

“El ministro Silva Meza, con mucho detalle puntualizó que se trataba de un punto de partida, de una pista, pero el objeto nunca fue investigar si se había dado la conversación o no, hay elementos importantes que destacó; creo que hay en el dictamen que dice, que aunque fue editada, sí era la voz de las personas que aparecen hablando; es decir, el gobernador y Kamel.”

Y cambiando radicalmente su postura y aclarando el panorama para Lydia Cacho, Gudiño consideró que la investigación estaba bien sustentada y que consideraba que sí hubo un concierto de autoridades para darle un “coscorrón” a la periodista.

“Yo creo que no puede examinarse aisladamente el valor que se le dé a esa grabación, sino hacerse referencia a toda la vinculación de indicios de elementos que vincula el dictamen, para llegar a una conclusión; en el caso concreto, mi convicción es: que sí hubo ese concierto de autoridades, que sí hubo un concierto de autoridades, para perjudicar, o como lo decía ayer el ministro Góngora reproduciendo la conversación, ‘para darle un coscorrón’ a una persona utilizando para eso a la Procuraduría y al Poder Judicial, ese es el tema a investigar y creo que el dictamen, si arriba a esta conclusión de una manera lógica y concatenando todos los elementos que tiene.”

El tercero fue Genaro Góngora, quien se sumó a la postura de Gudiño: “Señor presidente. No tengo nada más que agregar, todo lo ha dicho el señor ministro Cossío, mi hermano, ¡perdón! El señor ministro Gudiño, mi hermano, en una forma clarísima, y yo estoy de acuerdo con eso.”

José ramón Cossío Villegas dividió su postura. Primero validó la conversación Nacif-Marín, al asegurar que el gobernador nunca había negado la veracidad ni el contenido de la misma y que el propio empresario había reconocido el diálogo en una carta publicada en El Universal el 19 de septiembre de 2006.

“Acerca de cuál es la validez jurídica de esa grabación, si está editada, si no está editada; en fin, una serie de elementos que nos podrían llevar a discutir esa situación; sin embargo, sin embargo, en el dictamen de las páginas 11 y 21, se transcribe la carta que el señor Nacif mandó al periódico El Universal, el martes 19 de septiembre de 2006, en donde reconoció varias cosas, y en la parte que a mí me interesa, dice: ‘Soy yo quien habló en esas conversaciones y las expresiones ofensivas son mías, insisto, en diálogos que eran de naturaleza o de carácter privado’.”

Y agregó: “Hasta donde yo tengo conocimiento, esta conversación tampoco fue desmentida por el señor gobernador del estado, simplemente puntualizó algunas condiciones sobre una edición, pero hasta donde yo recuerdo nunca dijo, ‘no existen’; entonces, siendo los dos sujetos los que participan en una conversación que se hace pública primero, y segundo, aceptando los dos sujetos su participación en ella y el contenido general de la grabación, a mí me parece que resultaría muy difícil y no encontraría bajo qué estándar nosotros en este momento pudiéramos desechar ese elemento.”

Un asunto que aclaró Cossío fue la solicitud de registro de llamadas realizadas por las autoridades poblanas antes y después de la detención de la periodista. Y es que el gobernador y otros actores negaron si quiera conocer a los abogados de Kamel Nacif, pero en el registro se refleja que sí se conocían y que hasta comunicación existía.

Asimismo, consideró que la intervención solicitada pos Silva, la cual consistió en un registro, no en contenido de llamadas, no arroja elementos para saber si hubo o no concierto de autoridades (como el propio dictamen reza).

“El problema de las intervenciones, por una razón distinta a la que se da en el proyecto, no tiene valor y a mí me parece que los registros sí establecen un elemento indiciario, suficientemente grave para encontrar por las formas en que se miden y se hacen los patrones y se hacen los registros y se va dando la secuencia, cómo antes de los acontecimientos no había comunicaciones entre ellos, cómo después sí hay comunicaciones; cómo las personas que dijeron que ni siquiera se conocían, establecieron llamadas de este tipo, en fin, un conjunto de elementos que, a mi entender, sí adquieren la fuerza probatoria que se está presentando en el proyecto del ministro Silva Meza y por esas razones, en cuanto a suficiencia de pruebas, insisto, creo que el proyecto, quitando la parte de las intervenciones que me parece delicado, sí tiene una suficiencia adecuada como para permitirnos establecer un juicio ya sobre los hechos.”

No fijaron su postura respecto al cruce de llamadas: Sergio Valls, Margarita Luna y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Que houdini ni que nada, nuevo maestro del escape

sugiero hacerle a marranin como a los gatos y ponerle un cascabel en el pescuezo para saber por donde anda, aunque posiblemente un cencerro le quedaría mejor


Marín escapa de los reporteros, otra vez
En dos eventos, el mandatario utilizó a sus guaruras para evadir a la prensa
Edmundo Velázquez

En el escape, el gobernador abandonó a la procuradora Blanca Laura Villeda, quien salió corriendo detrás de él para el despido protocolario del acto, pero también fue obstruida por la pared de guardaespaldas

Entre empujones y escoltado por sus guardaespaldas el gobernador Mario Marín Torres escapó de la prensa luego de inaugurar la reunión nacional de directores de la Policía Judicial en el país. Entre los guaruras el mandatario se escudó de los reporteros retomando su costumbre de no dar entrevistas mientras entraba al elevador del Hotel Crowne Plaza, donde ocurrió el evento.

El mandatario hizo lo mismo minutos antes, cuando salió del restaurante “La Cocina”, lugar donde desayunó con la procuradora Blanca Laura Villeda, el jefe de la policía judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz y Javier Sánchez Galicia, director de Comunicación Social.

En el escape, el gobernador del Crowne Plaza abandonó a la procuradora Blanca Laura Villeda quien salió corriendo detrás de él para el despido protocolario del evento, pero también fue obstruida por la pared de guardaespaldas.

Sin más opción que enfrentar a los reporteros la procuradora tuvo que acceder a una entrevista en la que dijo no estar satisfecha ni compartir la opinión del ministro Juan Silva Meza sobre el dictamen presentado el lunes ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde ella y el mandatario poblano aparecen como autoridades culpables por vulnerar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Además la procuradora exigió “objetividad y apego a derecho” a los ministros integrantes de la SCJN para el resolutivo.

—¿Qué opina del dictamen que la culpa de la violación de garantías a Lydia Cacho— se le preguntó.

—Pues es lo que él (el magistrado Juan Silva Meza) dice —respondió la funcionaria y luego continuó— Bueno, ¿qué puedo decir?, yo no estoy de acuerdo con ese dictamen. Sin embargo yo espero la decisión del pleno, sigo confiando en que van a actuar con estricto apego a derecho, sigo confiando en que los ministros van a resolver con objetividad y con respeto a las garantías individuales de las personas sujetas a la investigación. Eso es lo que sigo esperando.


Antes de negarse a responder más preguntas y volver a la reunión con jefes de las policías judiciales de todo el país, se refirió claramente a Lydia Cacho. “Lo único que puedo decir es que no soy yo la que ha lucrado con una mentira.”


Cabe decir que el mandatario ya había escapado una primera ocasión de los reporteros un evento donde acompañó a Luis Mora en la asamblea nacional de la Cámara Patronal de Puebla (Coparmex).

11/26/07

Determina Ministro que Marín violó garantías de Lydia Cacho

El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión del dictamen sobre la presunta violación a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador de puebla, Mario Marín, sin agotar el tema, que seguirá analizando en la sesión de mañana.

El dictamen, elaborado por el ministro Juan Silva Meza, establece que las autoridades de Puebla violaron los derechos de la periodista, que, de acuerdo con la exposición del ministro Genaro Góngora, fue víctima de tortura psicológica.

El ministro dio lectura a parte de las trascripciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador poblano y el empresario textilero Kamel Nacif que ponen en evidencia el acuerdo entre ambos para detener y dar una lección a la periodista.

La jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone este lunes a iniciar la discusión del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, y aunque el nuevo dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza propone señalar al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, como responsable directo de la violación grave de las garantías individuales de la autora de libro Los demonios del Edén, por haber violentado los principios de federalismo y división de poderes, hasta este fin de semana el proyecto apenas alcanzaba el aval, en su totalidad, de dos ministros, revelaron funcionarios de primer nivel del máximo tribunal.
La quinta columna
Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación, desestimó el fallo que emitirá hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al escándalo Marín-Cacho al asegurar que aunque éste sea en contra del mandatario, Mario Marín seguirá gobernando hasta finalizar su periodo. El funcionario advirtió que la resolución final la tendrá el Congreso del estado —de mayoría priista—.

11/4/07

Diario de una periodista perseguida [El Pais]

La camioneta Suburban blindada espera en el aeropuerto internacional de Cancún. Tres agentes federales -una mujer y dos hombres- me trasladan hasta un discreto restaurante del centro de la ciudad, donde espera Lydia Cacho (México DF, 1963). Los escoltas son el escudo protector de la periodista mexicana ante las temibles amenazas que recibe desde hace dos años. Hombres influyentes de la política y los negocios suspiran por acallar a esta mujer valiente, que se ha atrevido a denunciar una amplia red de pornografía infantil y lavado de dinero que compromete a destacados nombres de los círculos de poder. La cara más sórdida de Cancún, un polo turístico de referencia en México, ha salido a la luz gracias a Lydia Cacho. Su caso ha traspasado las fronteras de su país, y ha recibido el apoyo solidario de organizaciones de derechos humanos y de miles de intelectuales y artistas de todo el mundo.
Sus denuncias han sido silenciadas por los principales medios de comunicación
Edith fue la primera víctima en acusar al empresario libanés de violación desde los 13 años
"No han podido desaparecerme, pero han intentado destruirme públicamente"
En 2005 fue detenida sin orden judicial. La pesadilla duró 26 horas. Lydia temió por su vida
Decidieron darle un escarmiento: que fuera al pabellón de presas lesbianas para que la golpearan
No es habitual la imagen de una periodista rodeada de guardaespaldas, a pesar de los peligros que entraña esta profesión en muchos países. Ahí están los asesinatos del estadounidense Danny Pearl en Pakistán, cuando investigaba las redes de Al Qaeda, o de la reportera rusa Anna Politkovskaya, voz crítica con el presidente Vladímir Putin. Y las decenas de periodistas mexicanos muertos o desaparecidos sin mayor trascendencia para las autoridades y la opinión pública.
Lydia Cacho lleva tiempo en el ojo del huracán. Ha sido víctima de calumnias y amenazas, que se han traducido en demandas judiciales, una detención ilegal ordenada desde altas esferas y un atentado fallido. El fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos reconoce que las amenazas van en serio y pide a la periodista que no baje la guardia. Ésta es su respuesta: "Siento mi vida secuestrada por este reconocimiento público. Emocionalmente, me siento secuestrada. Es tremendo ir por la vida con tres federales que están pegados a ti todo el tiempo, sin poder hacer una llamada telefónica sin que se enteren de lo que estás hablando, sin tener un solo espacio tuyo. Para quienes han elegido vivir con escolta, como los políticos o famosos, es distinto. Reconozco que con el tiempo he desarrollado algunas herramientas personales para soportar esta situación, pero me cuesta mucho".
La periodista vive un dilema tremendo. Estar permanentemente en los medios de comunicación es un tormento, pero cuando su nombre deja de estar en el candelero hay que preocuparse. Y esto es lo que ocurre actualmente. Las puertas se han cerrado en las más importantes cadenas de televisión y emisoras de radio y en los diarios de mayor difusión. Lydia Cacho fue invitada al programa Reporte 13, de TV Azteca, que dirige Ricardo Rocha. Se grabó, pero no se emitió jamás. Los responsables del canal adujeron que conocían la historia de la periodista y que no era conveniente hablar de ella. Lo mismo sucedió en el espacio Shalalá, de Sabina Berman y Katia d'Artigues, en la misma cadena. "Tenemos su expediente", dijeron los jefes. Igual suerte corrió la entrevista que le hizo Fernanda Familiar para el canal de TV de Radio Imagen. Asimismo, el periodista Sergio Sarmiento comprometió una entrevista con Cacho cuando su programa en TV Azteca cumplió 10 años. "Yo tenía mis dudas y se lo comenté a su asistente. Al día siguiente me llamó para decirme que no había disponible ningún estudio de grabación. Insólito. Nunca me volvieron a llamar".
En Televisa, la cadena líder en México, Lydia Cacho apenas existe, salvo para dos o tres periodistas. El veto adquirió tintes groseros en la transmisión de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Cacho formaba parte del jurado, pero su imagen fue la única que no se vio en ningún momento.
Que no se hable del caso Lydia Cacho es un mal escenario, porque sus enemigos pueden sentir la tentación de actuar, amparados en la impunidad del olvido. Inmersa en esta contradicción irresoluble, Lydia ha decidido contar en voz alta toda su historia, desde el principio y en primera persona, en Memorias de una infamia (Random House Mondadori), que está a punto de ver la luz. "Escribo este libro para que no prevalezca, como es usual, la versión de los poderosos, de los que siempre ganan. No han podido desaparecerme, pero han intentado -y lo seguirán haciendo- destruirme públicamente", dice en la introducción.
El realizador mexicano Luis Mandoki, acostumbrado durante más de 10 años a las producciones de Hollywood como Atrapada, Mirada de ángel, Cuando un hombre ama a una mujer y Voces inocentes, ha decidido llevar al cine la historia de Lydia Cacho y está en conversaciones para involucrar en la producción a figuras como Jodie Foster y Angelina Jolie. El festival de documentales DOCS, que acaba de celebrarse en la Ciudad de México, proyectó Los demonios del edén, dirigido por Alejandra Islas y basado en el libro del mismo título que Cacho publicó en 2005 y desató el escándalo. Fue cuando los mexicanos se enteraron de la existencia de un tal Jean Succar Kuri, nacido en Líbano hace 63 años, que llegó a México de adolescente, presumiblemente de manera ilegal. De la mano de contactos influyentes -empresarios y políticos-, hizo buenos negocios como testaferro en Acapulco, y en el sector comercial y hotelero en Cancún.
Pero debajo del empresario de éxito se ocultaba una mentalidad perversa y endemoniada, con una debilidad por las niñas que acarician la pubertad. Es su otra cara, que extorsionaba sutilmente a hijas de gente conocida de Cancún, a las que ofrecía dinero a cambio de dejarse tocar y fotografiarse con él. "Muchos de los buenos amigos de Succar", escribe Lydia Cacho, "no saben que sus hijas, ya adultas y bien casadas, fueron víctimas del empresario libanés".
Durante más de dos décadas, Succar Kuri explotó sexualmente a casi un centenar de niños y niñas en la más absoluta impunidad. La Procuradoría General de la República (PGR) habló de una red de pornografía infantil relacionada con el crimen organizado. Pero las consideraciones de la fiscalía no preocupaban al pederasta, que presume de amistades poderosas, como José López Portillo, ex presidente de la República; Miguel Ángel Yunes, ex subsecretario de Seguridad Pública Federal, y Emilio Gamboa Patrón, actual jefe del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Edith Encalada fue la primera víctima en denunciar su violación por parte del empresario libanés desde los 13 años, y la de su hermana y su prima, de ocho y nueve, respectivamente. En su declaración aseguró que Kuri contactaba con niñas de Estados Unidos que ofrecía a sus compinches Kamel Nacif, empresario textil de origen libanés; Alejandro Góngora, que fue delegado de Migración y del Seguro Social en Cancún, y Yunes. El nombre de Gamboa, como protector político del empresario libanés, también figuraba en la denuncia de la muchacha.
Con la ayuda de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, Edith tendió una trampa a Succar Kuri y grabó una conversación comprometedora que los dos mantuvieron en el jardín de un restaurante del centro de Cancún. Los agentes de la fiscalía habían instalado una cámara oculta y sembrado el lugar de micrófonos con el propósito de obtener pruebas contundentes contra el hotelero libanés. Mordió el anzuelo. "Al escuchar ciertas frases perdí el aliento, el ácido subió por mi esófago, la boca se me secó de inmediato", recuerda Lydia Cacho en el libro. "¿Cómo pudo sentarse a grabar a su verdugo con semejante arrojo?". La víctima y el agresor estaban frente a frente. Con toda parsimonia y sin sospechar nada, el hombre contó así una de sus hazañas repugnantes:
Succar: "Lesly fue a mi casa desde los 8 hasta los 12 años. Lesly se bañaba conmigo, estuvo conmigo mucho tiempo, dormía semanas enteras conmigo y jamás le hice nada".
Edith: "Pero la besabas y la tocabas".
Succar: "¡Te estoy diciendo que eso está permitido! Porque ése es el riesgo de ir a casa de un pinche viejo que está solo, es parte del riesgo; los papás nada más decían: 'Me cuida a mi hija, me cuida a mi hija'. Eso está permitido. Por ejemplo, yo le digo a Lesly: 'A mí tráeme una de cuatro años', y si ella me dice: 'Ya está cogida', y yo veo si ya está cogida, veo si le meto la verga o no. Tú lo sabes que esto es mi vicio, es mi pendejada, y sé que es un delito y está prohibido, pero esto es más fácil, pues una niña chiquita no tiene defensa, pues la convences rápido y te la coges. Esto lo he hecho toda mi vida, a veces ellas me ponen trampas, porque se quieren quedar conmigo, porque tengo fama de ser un buen padre".
El material grabado acabó en manos de la fiscalía, que lo presentó a la prensa como parte de la investigación de una red de pornografía infantil. El escándalo fue de órdago. El pederasta huyó antes de que el juez dictara la orden de captura, y las víctimas sufrieron el acoso de los medios de comunicación y las amenazas de los agresores. "¡Yo no soy a quien deben juzgar!", suplicó Edith en una conferencia de prensa en la que compareció con la cara tapada.
Las muchachas se refugiaron en el Centro Integral de Atención a la Mujer de Cancún (CIAM), fundado por Lydia Cacho hace seis años para acoger a víctimas de la violencia. Claudia Fronjosá, coordinadora del equipo de psicólogos del CIAM, recuerda que las víctimas llegaron con un gran sentimiento de culpabilidad. "Todo era muy perverso. Succar les decía: 'Tú vienes aquí porque te gusta, nadie te obliga, eres una putita...'. Ellas sentían vergüenza, culpa y miedo por las amenazas. Era una situación muy difícil para aquellas niñas que venían de familias desintegradas, sin una clara presencia del padre".
La psicóloga explica que Edith quería acabar con el infierno que vivía con el pederasta libanés. "En el CIAM le dimos muchas opciones para recuperarse y rehacer su vida". Lydia Cacho le consiguió trabajo en un informativo de televisión en la Ciudad de México. Corría 2003 y la chica tenía 21 años. Aparentemente, todo iba bien. Pero los abogados de Succar Kuri y Kamel Nacif pasaron a la ofensiva a base de amenazas y chantajes a las jóvenes y a sus familias. Edith cayó de nuevo en la red. Inesperadamente, dejó todo y desapareció. En mayo de 2005 concedió una entrevista a la televisión mexicana desde su nueva residencia en Los Ángeles, en la que defendió al pederasta y criticó a Lydia Cacho. Una tras otra, las jóvenes que estuvieron atrapadas en la red de pornografía infantil se retractaron de sus declaraciones, retiraron las demandas o, simplemente, desaparecieron. El poder de la corrupción hizo estragos.
Succar Kuri fue detenido en Arizona a petición de la Interpol y acabó siendo extraditado a México, donde lo tiene difícil para esquivar una dura condena. Está preso en el penal de alta seguridad Altiplano, en Toluca. Sus amigos en el mundo de los negocios sucios y la política prepararon la represalia. El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho vivió la peor pesadilla de su vida. Duró 26 horas, pero dejó huellas difíciles de borrar. Por orden del gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, un dinosaurio del PRI, un grupo de diez policías poblanos detuvo sin orden judicial a la periodista frente a la sede del CIAM, en Cancún. La acción era a todas luces ilegal, ya que los agentes actuaban fuera de su jurisdicción. Además, ¿por qué una decena de policías para detener a una periodista, como si se tratara de la cabecilla de una banda de narcotraficantes?
La cosa no quedó ahí. La detenida fue secuestrada "legalmente" y trasladada en un convoy de tres vehículos a Puebla, en un viaje que duró 20 horas y recorrió 1.500 kilómetros repartidos entre cinco Estados de la República. "¿A qué hora me matarán?, ¿dónde tirarán mi cuerpo?", eran las preguntas que rondaban en la cabeza de Lydia. No le faltaban motivos. Los secuestradores convirtieron el viaje en una humillación y tortura psicológica interminables, con amenazas brutales, como colocar el cañón de una pistola en su boca. "Si toses, se dispara", gritaba el energúmeno. Llegó a dar por hecho que acabaría arrojada al mar al llegar a la ciudad de Champoton, en el Estado de Campeche.
La rápida respuesta de los colegas de la televisión, que difundieron la noticia de la detención cuando Lydia estaba de camino a Puebla, cambió los planes de los secuestradores, que recibieron la nueva orden por radio. "Es usted famosa. Ya salió en la tele". Estaba a salvo, pensó. El paso por el Reclusorio Oriente de Puebla fue la última etapa del calvario, en la que pretendieron encerrarla en una celda con las reclusas más violentas. La amenaza no se cumplió. La juez penal la interrogó a través de las rejas y en presencia de las cámaras de televisión. Tras la lectura de la acusación, la periodista no tenía ninguna duda de que Kamel Nacif y Succar Kuri estaban detrás del operativo policiaco.
No es habitual. El verdadero artífice de la detención ilegal de Lydia Cacho se descubrió semanas después cuando el diario La Jornada difundió las famosas conversaciones grabadas clandestinamente entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y su amigo Nacif, que le llama cariñosamente "mi gober precioso". Una expresión que se ha hecho famosa en México. El tono barriobajero del diálogo, las descalificaciones e insultos confirman que ambos decidieron dar un buen escarmiento a la periodista y quién sabe si pretendían llegar más lejos. Nacif expresó a uno de sus interlocutores, Hanna Juanito Naket, el deseo de que Lydia Cacho fuera al pabellón de presas lesbianas con el objetivo de que fuera golpeada y violada.
El "gober precioso" se convirtió en una de las figuras más desacreditadas de la política mexicana durante la campaña de las elecciones presidenciales de julio de 2006. La demanda de Lydia Cacho contra el caudillo de Puebla llegó hasta la Corte Suprema. Por primera vez, la acción de un particular contra un gobernador está en manos del más alto tribunal de México, que en un futuro próximo dictaminará si hay elementos para enjuiciar políticamente a Marín. Si así lo estima conveniente, el Congreso de la Nación tendrá que pronunciarse sobre la suspensión de la inmunidad del gobernador.
Lydia se daría por satisfecha con una votación afirmativa. "Tengo claro que no voy a sacrificar cuatro años de mi vida para un juicio penal contra Marín, porque no tengo dinero. He gastado casi tres millones de pesos (unos 260.000 dólares) desde que comenzaron los pleitos en gastos de abogados, billetes de avión, hoteles. Estoy hasta el cuello de deudas".
Los políticos, empresarios y nombres conocidos que están acusados de pertenecer a la red delictiva no son los únicos. Hay más. La periodista los conoce, pero de momento prefiere callar y no los menciona en su nuevo libro. "No quería que se convirtiera en la bala a utilizar por algunos políticos para atacarse y destruirse mutuamente. Me limité a contar lo que pasa. Explico que hay más vídeos en los que aparecen otros políticos. Le corresponde al Estado y a la PGR tomar cartas en el asunto. Ellos han visto los vídeos y tienen la lista de todos los involucrados. No soy policía".
La situación de los políticos denunciados por Lydia Cacho y que figuran en los sumarios de la fiscalía no invita al optimismo. Miguel Ángel Yunes, ex subsecretario de Seguridad Pública Federal, está al frente de la Seguridad Social en el Gobierno de Felipe Calderón. "Contra él pesan las acusaciones de la niñas y aparece en vídeos con menores. No tiene ninguna causa judicial abierta por este tema".
Emilio Gamboa Patrón, ex senador, es el líder del poderoso grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. No hay ninguna investigación ni proceso en su contra, a pesar de que aparece en una grabación con el gobernador Marín, en la que acuerdan una maniobra conjunta sobre la Ley del Juego. Abundan las acusaciones contra este político poderoso, especialmente por sus andanzas en Yucatán, su Estado natal.
Kamel Nacif, conocido en Puebla como el rey de la mezclilla, es, según Lydia Cacho, el capo di tutti capi. Pero no tiene abierto ningún proceso ante la justicia. "Es el empresario todopoderoso, que extorsiona a los gobernadores de Chiapas -'lo que tú quieras, papá', le dice éste-, Veracruz, Puebla y los antiguos caudillos de Quintana Roo y Guerrero, que negocia la entrega de un cheque con el obispo Chedraui, con el senador Gamboa...".
La periodista ha afrontado dos careos con Nacif, en los que éste profirió amenazas, ante la pasividad del juez. Lydia Cacho presentó una demanda penal contra el empresario por tentativa de violación en la cárcel, intento de homicidio en un atentado a su coche y por el contenido de las conversaciones telefónicas grabadas. La causa está paralizada. Es decir, no hay petición de pena por parte del fiscal, y a Nacif no le investiga nadie. Por el contrario, Lydia ha tenido que pasar por varias pruebas psicológicas por orden de la fiscalía. Incluso después del intento de atentado sufrido en mayo, cuando la camioneta en la que viajaba con sus escoltas perdió el control y el conductor tuvo que frenar en seco. Una llanta posterior estaba mal colocada porque había sido movida del eje y los tornillos estaban aflojados completamente. Los agentes federales confirmaron los peores temores. El propio fiscal antidrogas aconsejó a Lydia presentar la denuncia de inmediato. Varios meses después, la investigación estaba en punto cero cuando llegó una citación a la periodista para un examen psicológico. Se trataba de comprobar si se había inventado la historia del atentado, a pesar del testimonio de los escoltas.
Es una lucha desigual, de David contra Goliat. ¿En quién confiar después de tantos meses de lucha... "Instituciones, ninguna. Ni la PGR ni la Corte Suprema. El Congreso, menos. Y de los medios de comunicación, mejor no hablar". En medio de tanta soledad es difícil avizorar el final del túnel. "A veces sí lo veo, y cuando lo veo pienso que la única manera de parar todo esto sería que me mataran. Es decir, no está en mis manos. Otras veces pienso que llegará el día en que podré retomar mi vida. No sé qué realista es eso, no tengo ni idea".

http://www.elpais.com/articulo/paginas/Diario/periodista/perseguida/elpepusoceps/20071028elpepspag_10/Tes

10/25/07

Lydia Cacho, genuino interés electoral

Por Rodolfo Ruiz




Como periodista y ciudadano, la conversación del gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge en torno a la detención y encarcelamiento de la colega Lydia Cacho Ribeiro me parece reprobable y repudiable.

En lo personal, creo que sí existió una confabulación entre autoridades de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia —como lo concluyó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza— para darle un “coscorrón” a la autora de Los Demonios del Edén, por haber involucrado al influyente industrial como protector del pederasta confeso Jean Succar Kuri.

Sin embargo, también creo que el repentino interés de los dirigentes, candidatos y diputados del PAN por apresurar en el Congreso de la Unión un juicio político contra el gobernador, como presunto responsable de las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, no es genuino. Para nada.

Hasta ahora el PAN ha usado el caso para sacar provecho electoral. Lo hizo en el 2006, en el marco de las elecciones federales. Siendo candidato a la presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa vino a Puebla y ante el Congreso del estado solicitó un juicio político al gobernador, además de sacarle tarjeta roja.

Ya con su cuestionado triunfo en la bolsa, Felipe Calderón no sólo se olvidó del asunto, sino que, en complicidad con los diputados y senadores de su partido, lo utilizó para que el PRI le diera su apoyo en la toma de posesión y, más tarde, le aprobara el presupuesto y la reforma fiscal.

A nivel local y federal, los panistas también se olvidaron del tema. Incluso, Manuel Espino Barrientos, durante un curso de capacitación al inicio de la actual campaña, pidió a sus candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, omitir el expediente Lydia Cacho. “No necesitamos el caso Lydia Cacho para ganar”, les dijo su dirigente nacional.

Sin embargo, hoy que las encuestas colocan al PAN al borde de la debacle electoral, sus diputados federales retomaron el tema del juicio político, y pidieron que la Auditoría Superior de la Federación investigue y fiscalice los excedentes petroleros recibidos por la administración de Marín, bajo el supuesto de que fueron desviados para limpiar su imagen.

Lo paradójico es que en Puebla los diputados locales del PAN han mantenido un silencio cómplice sobre esa supuesta irregularidad. Hace un par de meses, cuando se aprobó la cuenta pública del Ejecutivo, evitaron cualquier crítica y dieron un voto de abstención, sin siquiera argumentarlo en la tribuna.


http://www.e-consulta.com/lacorte/columna-de-hoy.html

"Y LUEGO LA MAQUINARIA BIEN ACEITADA PARA QUE LA PRENSA LOCAL, COMO SIEMPRE, POSTRADA PARA SERVIR A SU AMO, EL CERDO DE MARRANÍN, COMO LO CRITICA JACINTO RODRIGUEZ"

“Dan pena” los medios que censuraron spots preciosos“Por unos pesos dan la espalda a la sociedad”, comenta Jacinto Rodríguez.
Luego que en empresas informativas como Radio Tribuna y Cinco Radio argumentaron códigos de ética periodística para sacar del aire los llamados spots preciosos, que el Partido Acción Nacional intentó insertar en esta campaña electoral, el periodista Jacinto Rodríguez Munguía dijo que estas conductas pertenecen al siglo pasado.

“Da pena que haya medios que todavía apuesten a las formas más viejas de la relación con el poder, por unos pesos. Y que no les importe que esto implique el darle la espalda a la sociedad, porque en ella hay de todos colores e ideologías. Por unos pesos pierden la oportunidad de mantener comunicación con la gente”, comentó el autor de La otra guerra secreta entrevistado mientras viajaba hacia el Centro Histórico, donde atendería otra cita en una estación de radio.

El periodista lamentó que este tipo de actitudes se mantienen constantes en medios no sólo de Puebla, sino también en Oaxaca, en Tabasco y en Veracruz. Rodríguez Munguía consideró que así es como los medios de comunicación pierden credibilidad “por quedar bien con el grupo en el poder”.

“Es una lástima por el oficio y por la sociedad. Es increíble que todavía existan medios que sigan creyendo que la mejor manera de sobrevivir es la legitimidad con el poder y el quedar bien con estos grupos”, agregó. El colaborador de Emeequis resaltó que incluso una empresa informativa, como negocio de un periodista, puede mantenerse mientras se genere un buen producto, en este caso la información.

“Hay que entender que ya no estamos en un México de hace treinta años. Es una sensación de lástima, de retroceso. No entiendes cómo puede seguir ocurriendo y no entiendes cómo los medios siguen trabajando en función de un interés como es quedar bien con el poder. Es una lástima para el periodismo y para los medios de comunicación. Remontarlo será mucho más difícil… ¿Cuál es el miedo de abrir todas las voces?”, finalizó.
NO ESTOY DE ACUERDO QUE EL PINCHE PAN UTILICE ESTO PARA SU CAMPAÑA, CRITICO SU DOBLE MORAL, ASI COMO A LA POBRE MEMORIA A QUE LE APUESTA EL MARRANO PARA TRATAR LO DE LYDIA CACHO COMO "EL ASUNTO", ¡QUE FÁCIL ES CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA INFAMIA Y DELITO A UN ASUNTO!

10/24/07

A Lydia Cacho, premio a la Valentía en el Periodismo

Fundación internacional de mujeres reconoce su trayectoria.
Violencia doméstica, pornografía infantil y pederastia, casos que ha reportado en situaciones difíciles, según la agrupación.

Nueva York, 23 de octubre.
Lydia Cacho fue condecorada hoy aquí con el premio de Valentía en el Periodismo por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, reconocimiento otorgado a quienes en el sector “han demostrado fortaleza de carácter e integridad extraordinarios al reportar las noticias en circunstancias peligrosas o difíciles”.

La Internacional Women’s Media Foundation (IWMF) reconoció la trayectoria de Lydia Cacho y señaló las amenazas de muerte, arresto e intimidación en su contra a consecuencia de su trabajo, en el que reporta sobre violencia doméstica, crimen organizado y corrupción política, principalmente en torno a los casos de pornografía infantil y pederastia de empresarios y políticos.

La IWMF, que en mayo pasado envió una carta al presidente Felipe Calderón para expresarle su preocupación por otro atentado contra Cacho, destaca los casos del gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Succar Kuri en torno a las revelaciones de la escritora en su libro Los demonios del Edén, así como los intentos para encarcelarla y/o intimidarla. La organización también reconoce su trabajo como promotora de derechos humanos y en la dirección del Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún.

Galardón a seis iraquíes y una etiope
La IWMF también condecoró con el mismo premio a Serkalem Fasil, de Etiopía, y a seis periodistas iraquíes del buró de Bagdad de la cadena periodística McClatchy.

La IWMF otorga además un galardón anual de reconocimiento a la carrera de alguna periodista –en 2006 lo dio a Elena Poniatowska–, el cual fue entregado a Peta Thornycroft, británica que vive en Zimbabwe, donde es una de las pocas periodistas independientes que siguen ahí reportando para medios locales, británicos, estadunidenses y sudafricanos.
Para mayor información: www.iwmf.org
LA PREGUNTA ¿QUE PREMIO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES SERÁ OTORGADO AL MARRANO MARRANIN?

10/23/07

LOS DEMONIOS DEL EDÉN

http://losdemoniosdeledendoc.blogspot.com/

Sinopsis
Una crónica sobre la lucha de la feminista y periodista Lydia Cacho al enfrentarse a los poderes que protegen a un pederasta en Cancún.

Al darle la voz a niñas y niños víctimas de abuso sexual en su libro LOS DEMONIOS DEL EDEN publicado en el 2005, la periodista se convierte también en una víctima del crimen organizado al verse encarcelada y acusada de difamación.

Desde su detención a fines del 2005 y durante el 2006 y el 2007, Lydia Cacho se ha ocupado de su defensa y de denunciar a las redes que unen a un grupo de empresarios y políticos corruptos que se aferran dúramente a sus posiciones de poder.

El desarrollo del documental
Se realizó durante 18 meses en Cancún, Puebla, Tehuacán y ciudad de México. Durante este periodo el equipo siguió varios momentos cruciales del caso de Lydia Cacho.
La producción arrancó en enero del 2006 cuando Lydia organizó el concierto contra los Feminicidios en el Zócalo de la Ciudad de México, a un mes de su detención. A lo largo de ese año, se filmaron varias sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juzgados de Cancún ,en las maquiladoras de Tehuacán, en las calles de Puebla ,en el Centro Integral de Atención a la Mujer entre otros.


Al revelarse las conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif, Succar Kuri y sus amigos empresarios y políticos, se obtuvo el material necesario para utilizar los fragmentos que aparecen en el documental y que retratan crudamente el "modus operandi" de una red de corrupción.

También se contó con los testimonios de mujeres del equipo del CIAM, con la opinión del experto en geopolítica Alfredo Jalife Rahme y con las voces de periodistas renombrados como Blanche Petrich, Jorge Zepeda y Carmen Aristégui.

El documental incluye los testimonios de los defensores de derechos humanos y redes cívicas de Puebla como Martín Barrios, Rodrigo Hernández, Gastón de la Luz y Julio Glockner que muestran la otra cara del gobernador Mario Marín y su amigo el empresario Kamel Nacif.

Se incluyen fragmentos televisivos del seguimiento del caso y de la manera en que se proyectó a la opinión pública.

Otra parte del documental se da en el Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún que Lydia Cacho fundó. y donde gracias al notable esfuerzo de un grupo de mujeres y hombres, se logran avances en la batalla contra la violencia hacia mujeres y menores.

El documental se concluyó en junio del 2007 cuando la Suprema Corte de Justicia aplazó la resolución sobre el gobernador de Puebla Mario Marín quien continúa siendo investigado.

10/11/07

Cero y van...


la verdad yo ya perdí la cuenta pero el buen tartufo nos dice que van en la 6a. No se me ocurrió que dialogo ponerles pero luego me desentuma el cerebro les pongo algo
PD la foto es en villaermosa

9/27/07

¿¿Que dijo??

Diputada Edith Cid Palacios, cantinfleando



Con estos políticos pa' que queremos enemigos

El precioso le sacatea a la prensa internacional

Efraín Nuñez Diario cambio

El Gobernador Mario Marín Torres omitió abordar temas espinosos ante la prensa nacional antes de que terminara la reunión de la Conferencia de Protección Civil Nacional de Gobernadores esta tarde en el Hotel Sheraton de la ciudad de México. Cuando la reportera de grupo Enfoque, Brenda Herrera le preguntó su opinión respecto a la nota publicada en el periódico La Jornada en el sentido de que los legisladores federales habrían aceptado el dictamen del Ministro Juan Silva Meza, el mandatario poblano dijo que no contestaría preguntas que no fueran relacionadas con la reunión. Así mismo se intentó cuestionarlo sobre la nota publicada en el periódico nacional Récord en la cual su nombre vuelve a aparecer en conversaciones comprometedoras. Esta vez tanto Roberto Ruiz Esparza como Emilio Maurer hablan del gobernador y de su intención de invertir recursos del estado en el Puebla de Franja para lograr su asenso a la primera división. De igual forma en dicha plática se revela que el gobernador poblano habría estado detrás del ex futbolista Roberto Ruiz Esparza para que obtuviera la candidatura del PRI a la alcaldía capitalina.

Ante esta información Mario Marín se concretó a señalar que “no puede responder sobre actos que “no son míos”.

Por si fuera poco cuando un reportero le preguntó al gobernador su opinión sobre el aplazamiento hasta enero próximo del aumento en el precio de la gasolina Marín le pasó el micrófono a Silverio Cabazos gobernador de Colima, quien respaldó la decisión del presidente de la República, Felipe Calderón y señaló que la mayoría de los gobernadores del país se encuentran en dicha postura; al término de su respuesta el gobernador poblano Mario Marín simplemente se limitó a responder: coincido plenamente

Espaldarazo del Congreso a Silva Meza en el caso Marín

Jesús Aranda la jornada

La Cámara de Diputados y el Senado de la República avalaron en todos sus términos el dictamen elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan N. Silva Meza, el cual atribuyr responsabilidad política al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, por haber violado gravemente las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y por violentar los principios democráticos del federalismo y de división de poderes.

De esta forma, el Congreso de la Unión dio a Silva Meza respaldo unánime, el cual no tuvo entre sus compañeros de pleno cuando conocieron su resolución, el 26 de junio pasado; en esa ocasión sólo Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls Hernández apoyaron sus conclusiones.

En vísperas de que el ministro entregue su propuesta definitiva sobre el caso Lydia Cacho, trascendió oficialmente que hace unos días las cámaras de Diputados y de Senadores le entregaron su opinión sobre el mencionado dictamen, en el que se sostiene la responsabilidad de Marín, lo que abriría la puerta para un eventual juicio político en contra del mandatario estatal.

Mientras, en la Corte hay quienes confían en que al menos tres ministros se sumen al proyecto para alcanzar mayoría y que el tribunal deje en manos de otros poderes el destino de Marín. Cabe señalar que en junio pasado el pleno desaprobó el veredicto en el que se acreditaba la responsabilidad del gobernador de Puebla, con el argumento de que ni al mandatario ni a los otros funcionarios se les había respetado su garantía de audiencia, porque no tuvieron oportunidad de “defenderse” de las conclusiones.

Pese al rechazo del ministro Silva, se determinó que el informe era “preliminar” y que éste tenía que dar vista a todos los involucrados para que respondieran lo que a su derecho conviniera.

Después de que la Corte emitió nuevas reglas para las comisiones investigadoras, que para este asunto se aplican de manera retroactiva –según Silva Meza–, se concedieron 15 días para que todos los notificados respondieran al informe.

Así se hizo; decenas de notificaciones se presentaron personalmente; las más importantes fueron al propio Marín, a las cámaras de Diputados y de Senadores –las cuales en su momento solicitaron la intervención de la Corte en este caso–, así como a los principales funcionarios de procuración e impartición de justicia de Puebla y Quintana Roo.

Ambas cámaras avalaron las conclusiones –el resto de quienes de quienes fueron notificados tiene esta semana para responder–, lo cual fue interpretado por altos funcionarios judiciales como un “espaldarazo” para Silva Meza, y deja en evidencia a la mayoría de ministros que descalificaron sus conclusiones.

Fuentes de la Corte comentaron que los abogados de Marín, entre ellos Fabián Aguinaco, hijo del ex presidente de la Corte Vicente Aguinaco Alemán, ya acudieron a conocer de primera mano el veredicto, además de que funcionarios de la consejería jurídica del gobierno Puebla se apersonaron desde el pasado jueves 13 de septiembre en el edificio del máximo tribunal para conocer todo el expediente del caso Lydia Cacho, particularmente los testimonios y declaraciones en los que se fincó el dictamen.

Se espera que esta semana Marín responda a los señalamientos en su contra –lo que se negó a hacer cuando fue interrogado por el propio Silva Meza antes de elaborar su fallo–, así como los otros involucrados.

Aunque se espera que los funcionarios señalados aleguen que no violaron gravemente las garantías individuales de la periodista, trascendió que es un hecho que la resolución que presentará el ministro ante el pleno acredite nuevamente la responsabilidad política del gobernador poblano, además de que en todo momento se preservaron las garantías individuales y el derecho de audiencia de los funcionarios investigados.

En sus conclusiones, el veredicto de Silva Meza dejaba al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia del juicio político contra Marín Torres; que las legislaturas de Puebla y Quintana Roo observaran la responsabilidad de sus respectivos procuradores y presidente del tribunal de justicia poblano, y que el Ministerio Público de esas entidades ejerciera acción penal por corrupción de autoridades y delitos contra la administración de justicia.

Lo anterior se fundamentó en la declaración de 117 personas, el análisis de grabaciones telefónicas, publicaciones, informes oficiales, reportes de telefonía, expedientes, actuaciones judiciales y ministeriales de autoridades de Puebla y Cancún, que permitieron concluir que “sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos de Lydia Cacho”.

Asimismo se asienta que durante la investigación las autoridades poblanas se condujeron “en forma falaz al narrar los acontecimientos, sin apegarse a las realidades que sucedieron”, con el propósito de desviar la investigación y que no se llegara a conocer el concierto de acciones del gobernador Marín Torres, de la procuradora Blanca Laura Villela, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, y del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, así como la participación de particulares para violar los derechos de la periodista.

También se da cuenta de la celeridad con que la juez Rosa Aurora Espejel concedió la orden de aprehensión contra Cacho Ribeiro cuando fue demandada por Kamel Nacif Borge, ante la publicación del libro Los demonios del Edén. Se advierte que durante el traslado de Cacho a Puebla se montó un operativo con gente cercana a Kamel Nacif, que “escoltó” el traslado de la periodista.

Se explica que la concertación de acciones entre el gobernador y los titulares del tribunal de justicia y la procuraduría vulneró “los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, defensa e igualdad” de Cacho.

El dictamen, de más de mil hojas, señala que hubo aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno, y que el mandatario de Puebla interviene en las decisiones del Poder Judicial y la procuraduría estatal, lo que atenta gravemente contra la vigencia del estado de derecho en esa entidad.

Crimen sin castigo

el chamucho

HelgueraHernandez
El rape

Helguera

El Fisgón

Prensa poblana en la monotonía

Juan Pablo Proal http://www.poblanerias.com
Puebla, Puebla (04 de Septiembre de 2007).- Si en la prensa nacional es llamado por su nombre: “Caso Marín-Cacho”, los periódicos locales lo reducen a “Caso Cacho” o, de plano, lo omiten de la agenda. Ello es sólo un botón de muestra que evidencia una cobertura mediática basada en la exaltación de la agenda del gobernador de poblano, Mario Marín Torres, mediante la diaria publicación de sus boletines, la desaparición de cualquier viso de crítica hacia él, la coacción de los periódicos que alguna vez fueron opositores a su gestión, y, desde luego, un gasto desproporcional en publicidad.

Desde hace 16 años, Luis Ortega Morales, director del Sistema de Información Clasificada –prácticamente la única empresa independiente en el estado en materia de observación de medios—, revisa metódicamente el comportamiento de la prensa en Puebla. En el caso específico del tratamiento informativo del gobernador, arroja información que pudo pasar desapercibida: algunos periódicos locales jamás han hablado de la investigación que sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Marín Torres; otros nunca han escrito la palabra Lydia Cacho Ribeiro en sus líneas; unos más esconden el tema en los interiores y pocos brindan la información completa.

Basta echar un vistazo a las primeras planas del 15 de junio, un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la procedencia del juicio político contra el gobernador. El periódico de mayor circulación en el estado, El Sol de Puebla, de Organización Editorial Mexicana, ignoró en su cabeza el tema y la reemplazó por un texto sobre contaminación. Prácticas similares utilizaron los diarios El Heraldo de Puebla, Milenio Puebla, Intolerancia y La Opinión.

El Sol de Puebla tituló su noticia principal de ese día: “Descarta Salud alto riesgo por polución”; Milenio: “Crisis lechera”; El Heraldo de Puebla: “Uso responsable de la libertad: Henaine”; La Opinión: “Cámaras en Centros de Verificación para evitar corrupción: SEMARNAT”. Los únicos medios dieron cobertura al caso fueron La Jornada de Oriente, Síntesis, E-consulta, Mediática y Cambio.

En entrevista, Ortega Morales apunta que periódicos como Milenio o el sitio virtual Mediática se limitaron a publicar un par de notas sobre el tema a lo largo de toda la semana de la disyuntiva de la SCJN.

El ex jefe de prensa de la Universidad Autónoma de Puebla clasifica en dos grandes grupos la forma como se trató esta fase de la investigación que se sigue al gobernador por su probable confabulación con las autoridades judiciales y el empresario Kamel Nacif Borge para aprehender a la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Unos periódicos publicaron íntegros los boletines del gobierno, mientras que otros pocos entrevistaron a la contraparte.

Si el analista del SICLA brinda una radiografía de lo publicado, el reportero Martín Hernández Alcántara, del periódico La Jornada de Oriente, explica en detalle el trato del gobierno hacia la prensa que se atreve a cuestionarlo.

Es tajante: “Yo he renunciado a cubrir al gobernador, a cubrirlo formalmente; es un tipo que siempre se llena la boca hablando de transparencia y de rendición de cuentas, pero solamente le gusta hablar de los temas que para él son cómodos; tiene además a un grupo de reporteros que siempre lo está protegiendo”.

-- ¿Y cómo lo protegen? –se le inquiere—

-- Haciendo una pregunta desvinculada del tema. Por ejemplo, si el gobernador está inaugurando una obra o está dando recursos y tú quieres preguntarle sobre el tema de Lydia Cacho ellos desvían la entrevista, meten las grabadoras y preguntan sobre el acto en cuestión.

-- ¿Por qué renunció a cubrir al gobernador? ¿Es tan difícil cubrir esta fuente?

-- La mayoría de los jefes de prensa están encargados de cerrarles las puertas a los reporteros. La única vía institucional, además de la ley transparencia o una entrevista banquetera, es a través de los organismos. Solicitas una entrevista con el Secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, y su jefe de prensa difícilmente te tomará la llamada. En temas espinosos, por ejemplo, al consejero jurídico, Ricardo Velásquez, si le solicitas una entrevista no te la va a dar. Yo lo he intentado tres veces.

Lo cierto es que la ley de transparencia tampoco ha resultado efectiva para conocer el manejo de la administración del titular del Poder Ejecutivo. Como prueba, están la negativa de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) de negar al ciudadano José Emilio López López la bitácora de viajes de Marín Torres –quien recurrentemente sale al extranjero— o los recursos de revisión de los periodistas Jorge Machuca Luna y Ernesto Aroche Aguilar por conocer a detalle el gasto de “Avances”, una de las tantas campañas publicitarias de la dirección de Comunicación Social.

A todo lo anterior, se suma otro recurso de revisión –aún en trámite-- promovido por quien esto escribe por la negativa del gobierno del estado de dar una copia de las facturas de sus gastos en medios locales y nacionales. Y es que la publicidad del Poder Ejecutivo no se limita a “Avances”, sino que a diario se anuncian en los medios nacionales de mayor circulación.

Sobre el periplo para conocer la campaña de “Avances”, Aroche Aguilar, colaborador de la revista Emeequis, detalla:

“Lo único claro, transparente pues, es que la administración encabezada por Mario Marín Torres no tiene interés alguno en mostrar a sus empleadores que el dinero tirado a carretadas para aceitar la maquinaria informativa no ha servido para limpiar su imagen.

Caso paradigmático —porque fue uno de los que me ha tocado protagonizar junto con el reportero Machuca— es la solicitud referente al costo y gasto erogado en las cápsulas informativas Avances.

“La espera y trámite de la información desgranó al calendario cerca de 120 días antes de que la información fuera entregada finalmente, no sin antes atravesar los intrincados vericuetos y los trabas que la estructura gubernamental colocó en el camino. Hubo que esperar dos periodos para recibir una respuesta leguleya y verborreica que obligaba al solicitante a consultar el Clasificador del Objeto del Gasto o manual de partidas presupuestales y encontrar ahí el número de partida que engloba la información solicitada”.

Sin dar grandes detalles, la información proporcionada por el gobierno del estado se limitó a citar que Marín Torres desembolsó 184 millones de pesos para promocionar su eslogan: “El trabajo de un gobierno de resultados”. Esta cifra es casi el doble del presupuesto de la Secretaría de Cultura.

Sobra decirlo pero los principales beneficiarios de esa campaña fueron las televisoras Televisa y TV Azteca en sus repetidoras locales, con 7 y 17 millones de pesos respectivamente. Ambas compañías nunca incluyen notas negativas hacia el gobierno en turno.

También recibieron jugosas ganancias los periódicos El Sol de Puebla, con 252 mil pesos; Síntesis, con 253 mil 920 pesos e Intolerancia, con 165 mil 600 pesos.

La relación entre los dueños de los periódicos y el gobierno es consecuencia de la falta de visión empresarial de los directivos de los periódicos, apunta el reportero Ignacio Juárez Galindo, del portal E-consulta: “En algunos casos el contrato del gobierno llega a el 80 por ciento de la nómina, los empresarios de medios han sido miopes o chocan contra sus propios intereses para tener empresas independientes”.

Estos vínculos estrechos ayudan a entender el vuelco informativo del periódico El Heraldo de Puebla, cuyo dueño actual es Ricardo Henaine, principal accionista del Aeropuerto Hermanos Serdán e íntimo de Marín Torres. Hasta hace unos meses, cuando José Gutiérrez Vivó era propietario del diario, en la primera plana aparecía un cintillo con la leyenda “Recuento de la impunidad”, que anotaba cada día que pasaba sin tener una resolución de la SCJN.

Con la llegada de Henaine no sólo ese conteo desapareció, sino cualquier crítica a Marín Torres, apunta Luis Ortega Morales: “En el caso de El Heraldo, el cambio de línea editorial fue evidente y escandaloso”.

Otro periódico que era inclemente con Marín Torres y de repente suavizó sus textos fue Cambio, apunta el director del SICLA: “Las notas que estaban permanentemente incidiendo sobre tal o cual funcionario se acabaron”.

Ante la cerrazón de los funcionarios y la falta de transparencia, el reportero Martín Hernández Alcántara se remite a reproducir --en gran parte de sus notas relacionadas con Marín Torres-- los boletines del gobierno del estado, que además son pagados por la administración estatal y en algunos periódicos es obligación del reportero basar su información íntegra en ellos.

-- ¿Se siente presionado por reproducir el boletín?

-- No soy presionado a hacerlo, pero sí es una obligación y es una obligación porque hay un convenio con el gobierno del estado que obliga a los medios de comunicación, al menos en el que yo participo, a insertar diariamente un boletín informativo a manera de nota, firmado por el reportero en nuestro caso.

Por separado, Ortega Morales añade: “Todos los periódicos publican los boletines, ningún medio se niega. ¿Cómo equilibran la información? Varía: a veces los reporteros lo firman sin cambiar una sola coma; a veces le dan la entrada y después lo reproducen íntegramente, y en otras ocasiones simplemente aparece sin autor: aparece con el nombre del periódico”.

Ex defensor de Succar da la razón a Lydia Cacho

Desde la jornada

Un video de sexo explícito entre dos menores de edad, en el que aparece a cuadro el presunto pederasta Jean Succar Kuri, El Johnny, provocó que el abogado Wenceslao Cisneros Amaya y su equipo jurídico renunciaran a la defensa del empresario estadunidense.

La imagen fue grabada por una mujer, al parecer Gloria Pita Rodríguez, La Ochi, esposa de Succar, y en ella se aprecia el rostro de El Johnny, quien está dando indicaciones a dos niñas que son obligadas a tener relaciones íntimas.

Las imágenes provocaron que Cisneros Amaya admitiera ayer, entrevistado por este diario, que la periodista Lydia Cacho –quien ha sido perseguida judicialmente a raíz de que puso al descubierto una red internacional de pederastas– tiene razón en sus acusaciones.

El ahora ex defensor de Kuri refirió que hace dos semanas vio el video en Cancún y su primera reacción fue visitar al empresario detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México. “El muy cínico se hizo el inocente. Le dije que era un pervertido sexual, que estaba enfermo y que yo tengo límites morales en mi profesión y por eso no lo podía seguir defendiendo”.

Este es el segundo bufete que deja la defensa de Succar, luego de que hace cuatro años el despacho de los hermanos Andrade –que estaba a cargo del caso del empresario acusado de violación equiparada, abuso sexual, pornografía infantil y lavado de dinero– también renunciara.

Cisneros Amaya aseguró ayer que el video en el que aparece Succar con las menores está en poder de los abogados Gabino Andrade y su hijo Sidhartha. “Fueron ellos quienes nos invitaron a una plática en Cancún. Ahí me dijeron: ‘te queremos prevenir porque el señor (Succar) no te va a pagar, así nos hizo a nosotros; luego te va a decir que le roban, que lo defraudan, pero para que te des cuenta a quién estás defendiendo ahí te va’. Entonces me sacan un disco y me muestran un video en una laptop; la imagen es de dos niñas de siete años totalmente desnudas y arriba de la cama, mientras Succar Kuri y una mujer muy cercana a él están filmando, fotografiando y diciéndoles a las menores qué actitud tomar ante la cámara y en qué posiciones deben colocarse para que se vean lésbicas. En el video se aprecia totalmente los rostros de las menores, de Succar y de la mujer que ahí aparece”.

El litigante admitió que durante varios meses “fuimos engañados de que (Succar) era inocente con todo lo que nos habían dicho las menores (Edith Encalada y su hermana, quienes presentaron las primeras denuncias contra el presunto pederasta, aunque después se retractaron), pero ahora resulta que sí tenía razón esta señora (Lydia Cacho).

–¿La mujer que aparece en el video es la esposa de Succar?

–No lo sé, quienes lo saben son los abogados Andrade.

–¿Ya habló con Lydia Cacho o con sus abogados?

–Sí, platiqué con los abogados hace semana y media; ya saben sobre el contenido del video.

Cisneros agregó que “recientemente me enteré de unas menores que Jean Succar Kuri trajo de El Salvador y luego llevaron a a Miami, con personas de mucho dinero a las que se las vendieron”.

Esta versión del ex defensor de El Johnny refuerza la hipótesis de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), respecto de que Succar forma parte de una organización de prostitución y pornografía infantil internacional que opera desde Cancún, con ramificaciones en varios estados.

Además, confirma la tesis central de Lydia Cacho, expuesta en el libro Los demonios del Edén, en el cual la comunicadora puso al descubierto las redes de empresarios y servidores públicos mexicanos de las que se valió Succar Kuri, a manera de complicidad, para realizar actividades sexuales ilícitas en México.

Actualmente, la Fiscalía para Mujeres de la PGR busca acreditar que Succar Kuri encabeza una red mundial de pederastia, turismo sexual y trata de mujeres que opera en Baja California, estado de México, Distrito Federal, Puebla, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. El año pasado, la titular de esa fiscalía dijo a La Jornada que no se trataba de “redes de pederastas mexicanos para consumo mexicano, sino para el mercado internacional”.

Otro factor que llevó al penalista Wenceslao Cisneros Amaya a abandonar la defensa de Succar Kuri fue una carta que recibieron el mes pasado los familiares del presunto pederasta.

Así lo contó ayer el litigante: “Poco antes de salir de Cancún recibí una llamada a las dos y media de la madrugada, de parte de la esposa de Succar. Ella me dijo que le urgía verme en la villa número uno de Solymar. Fui a esa hora. Estaba asustada. De un sobre sacó una hoja tamaño oficio que venía con recortes de periódicos y decía: ‘Edmon y Jerry (así se llama uno de los hermanos de El Johnny y el hijo de éste), ustedes traicionaron a la familia cubana y por eso están señalados para morir’. La carta estaba firmada con una Z y al reverso estaba una foto de Jesús Aguilar Aguilar, un joven al que mataron recientemente y que era muy amigo de Edmon. A Jesús primero lo levantaron, junto con otros tres sujetos que estaban viviendo en uno de los condominios de Solymar. Después, sus cadáveres fueron encontrados con rastros de haber sido ejecutados por sicarios”, puntualizó.

8/24/07

Se murió marranin

Bueno, eso fue lo que pense cuando escuchando las noticias dijeron que: por loma bella dejaron tirado un marrano apestoso y del que nadie quiere hacerse cargo. De hecho al ver la foto dije; si, ese es Mario Plutarco (nomas chequen la foto de al lado), Pero ya hable a casa aguayo y ya contaron al personal y están completos de marranos, ratas y demás, no les falta ni uno. Por si las dudas ahí les dejo la foto, ya ven que luego hay cerdos que trabajan para el gobierno pero no están en la nomina, nomas les pagan por debajito del agua

Cero y van 4

8/22/07

EL MARRANO MARRANIN COMO FIGURA NACIONAL

EL MARRANO MARRANIN YA TIENE SU BANCO

Para los que desean conservar abominaciones, existen billetes que se pueden intercambiar por dos botellas preciosas.

Salud ¡¡¡¡¡¡¡¡

8/17/07

SCJN: un paso adelante, dos atrás

Cesar Cansino
Hace apenas un mes saludaba en estas mismas páginas la resolución de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la querella interpuesta por la periodista Lydia Cacho en contra de diversas autoridades acusadas de violentar sus derechos humanos, pero sobre todo contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el góber precioso.
Según dicha resolución la Comisión respectiva solicitaba al pleno de la SCJN emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al góber precioso por incurrir en violaciones graves a las garantías de la periodista. Asimismo, se exhortaba a proceder penalmente contra otros posibles involucrados, como Kamel Nacif, y algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, por su supuesta complicidad y encubrimiento.


Sin embargo, un mes después, la SCJN resolvió sorpresivamente autolimitar sus propias facultades atendiendo a la ambigüedad del derecho constitucional mexicano, que en su artículo 97 constitucional faculta a la Corte tan sólo a describir los hechos y eventualmente señalar a los responsables de los acontecimientos que se le pida investigar, pero sin recomendar algún tipo de sanción contra ellos. Obviamente, con esta interpretación a la letra de la Constitución el primer beneficiado es el propio gobernador de Puebla porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político como lo propuso en su momento la comisión respectiva.


Por otra parte, cualquiera que sea el “fallo” de la SCJN sobre el caso Cacho o sobre los otros temas igualmente en examen por presuntas violaciones a los derechos humanos (Atenco y Oaxaca), entrará a un laberinto político sumamente complicado, pues no existen reglas jurídicas claras e inobjetables para proceder en casos de este tipo. En otras palabras, la decisión de la SCJN de autolimitar sus competencias no hace sino alimentar los vericuetos y las oscuridades de nuestro sistema de justicia, que al carecer de un árbitro visible y legítimo deja que asuntos que han lastimado a la ciudadanía como los excesos del góber precioso se resuelvan en los tiempos y en el terreno que conviene a los propios actores políticos atendiendo más a criterios políticos que estrictamente jurídicos.


Se podrá insistir que en los tiempos que corren nadie puede estar por encima de la ley, lo cual es correcto y totalmente válido para entender la decisión de la SCJN. Sin embargo, da la casualidad que las facultades de la SCJN fueron diseñadas en el pasado en el marco de un esquema de subordinación al Poder Ejecutivo. Si el Poder Judicial ha venido adquiriendo un creciente protagonismo y centralidad en los años recientes es porque no existía otra instancia que pudiera mediar entre intereses contrapuestos en el contexto de una nueva pluralidad y competencia partidista.

Sin embargo, sus facultades siguen siendo limitadas por la propia ley vigente. Sin un duda, un tema crucial de la reforma del Estado, pues tal y como está la normatividad, pareciera que el país no cuenta con un árbitro para dirimir conflictos graves como el de la violación a los derechos humanos, que involucra a actores políticos, y deja el asunto a los propios protagonistas.


Obviamente, la decisión de la SCJN ha generado una sensación de impotencia y desencanto entre muchos mexicanos que esperábamos de esta instancia un fallo enérgico y contundente sobre el caso Cacho. Para muchos, la decisión de la SCJN vulnera la propia credibilidad de las instituciones de justicia en el país, y la posibilidad de que los ciudadanos podamos confiar nuevamente en el derecho.


La cauta actuación de la SCJN sobre este caso, aunque reconozca que se violentaron los derechos de la periodista Cacho, al no traducirse en recomendaciones precisas para proceder penalmente, se suma en los hechos a la pasividad y la negligencia de los otros poderes para actuar en consecuencia ante la evidencia de abusos de autoridad como el del góber precioso.

En efecto, cabe recordar que se recurrió a la última instancia legal del país —la Suprema Corte— para que se fijara un curso a seguir en este caso, dado que nadie quiso hacer nada antes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo y mucho menos el Congreso poblano. En el ínterin, dada la laxitud de la ley ante la impunidad, el góber precioso se la pasó comprando aliados y periodistas para intentar limpiar en parte su imagen pública tan deteriorada.


Como se sabe, el caso Marín nos mostró sin maquillaje la enorme impunidad con la que todavía se puede actuar en los ámbitos oficiales. Quien quiera documentar el cinismo con el que se mueven muchos gobernantes, los abusos de autoridad ilimitados, la impunidad que solapa la corrupción, los enclaves autoritarios que todavía existen en varios gobiernos locales, sobre todo priístas, sólo tendrá que asomarse a este crudo episodio del México real.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/38355.html

Despues de todo esto, solo queda vomitarse ante el temor fundado de ser sujeto a una investigación judicial en Puebla, ya que tenemos tanta libertad como en Uganda.

Irán diputados priistas contra Marín: Cacho

La periodista asegura que legisladores federales le han comprometido el voto para actuar en contra del mandatario.


Selene Ríos Andraca

La autora de Los Demonios del Edén festejó la resolución de la Corte, en el sentido de mantener las conclusiones de Silva Meza. Lydia está segura que el Congreso de la Unión actuará contra Mario Marín

Legisladores federales priistas están dispuestos a iniciar un juicio político en contra del gobernador Mario Marín Torres en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe las conclusiones de la investigación del ministro Juan Silva Meza, las cuales establecen que el mandatario y otras autoridades estatales confabularon para aprehender y violentar las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro.

En entrevista con Cambio, la autora de Los Demonios del Edén reveló que varios diputados federales emanados del tricolor se han comprometido con ella a que sí votarían a favor de se inicie un juicio político contra Marín.

A decir de la periodista, los legisladores que le han comprometido su voto se comenzarán a pronunciar y a destapar una vez que la Corte discuta el dictamen presentado por Silva Meza el pasado 26 de junio, mismo del que se aplazó su aprobación por la falta de un reglamento que rija las facultades investigativas del máximo tribunal del país.

Sobre la resolución que tomó la Corte el martes pasado, en el sentido de respetar las conclusiones de la investigación que desfavorece a Mario Marín, Lydia Cacho se mostró complacida: “La Corte ya tiene la investigación, ésta queda intacta. Marín no puede deslindarse de la realidad”.

Al preguntarle acerca de las limitantes que se puso la propia Corte para recomendar sanciones, Cacho consideró: “Me parece que eso ya lo sabíamos, nadie podía esperar que la Corte hiciera algo que no le corresponde. Nunca en la historia de México se ha recomendado así. No tiene las facultades”.

El hecho de que la Corte haya aplazado la discusión de las conclusiones desfavorables para el gobernador causaron en Lydia Cacho un desconcierto: “Sospechábamos que los abogados de Mario Marín y el propio Mario Marín tuviera incidencia en la Corte. Ahora sabemos que no fue así. Mientras se mantenga el contenido del informe, nos tiene tranquilos. Satisfechos”.

Es preciso recordar que las conclusiones de Meza establecen que Marín, Guillermo Pacheco Pulido, Blanca Laura Villeda y la jueza Rosa Celia Pérez González confabularon para beneficiar al empresario Kamel Nacif, aprehendiendo y torturando a Lydia Cacho, quien en su obra periodística revela una red política y económica que protege la pornografía infantil y la pederastia, así como al pedófilo confeso Jean Surcar Kuri.

El dictamen, dijo Cacho, es una radiografía de la realidad: “Creo que son buenas noticias. Sabíamos que el ministro Aguirre Anguiano estaba peleando con recomendaciones para que se desapareciera el informe de Silva Meza y se abriera una nueva comisión. No lo logró. Con la determinación de mantener el informe se despolitizó. La investigación queda intacta. Marín no se puede deslindar de la realidad”.

Finalmente Lydia Cacho consideró que a finales de octubre “tendremos el resultado, creo que será favorable. Será el Congreso de la Unión el que presente el juicio político, tenemos diputados del PRI que ya se manifestaron que sí llevarán el juicio político con respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han hablado conmigo, con mi abogado. Queda claro que en todos los partidos hay personas con ética”.


OJALA EL OPTIMISMO DE LYDIA SE HAGA REALIDAD PARA BENEFICIO DE ELLA Y DE LOS POBLANOS.
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