Horizonte político
Por: José Antonio Crespo
A la Suprema Corte de Justicia se le presenta una nueva oportunidad de impulsar a la endeble democratización mexicana, tan descuidada y hasta pateada por los actores e instituciones que se dicen comprometidos con ella, pero en la práctica le ponen todo tipo de obstáculos o simplemente la dejan a la deriva, para así proteger sus intereses particulares. Ahora, con el vergonzoso caso de Mario Marín podría darse un paso significativo, sentarse un precedente de gran relevancia, en ese tema pendiente de nuestra democracia: la rendición de cuentas. En tanto ésta no exista —como no existe en México— no se puede hablar de democracia, a no ser de una meramente simulada, como lo ha sido históricamente la nuestra.
La transparencia ha avanzado en los últimos años, sin lugar a dudas, y constituye un potente ariete para la rendición de cuentas, pero en sí misma no basta para ello. Gracias a la transparencia, ahora nos enteramos de muchas pillerías y trastadas de la clase política, que intuíamos pero no teníamos elementos contundentes para demostrarlo. Sabemos ahora sobre gastos estratosféricos de los funcionarios y los políticos, de viajes a todo lujo de parlamentarios y de consejeros del IFE, incluso de encuestas hechas con el presupuesto gubernamental para fines electorales. Hay otra fuente oscura de revelación de raterías y atropellos diversos, como es el espionaje, llamadas telefónicas intervenidas o videos grabados sin el consentimiento de los protagonistas. Una práctica siempre condenada pero nunca castigada, pues difícilmente se logra saber quién las realizó. Y cuando se conoce inequívocamente al autor, como en el caso de Carlos Ahumada, no se penaliza por ello, pese a ser un delito grave. El caso es que, por una u otra vía, nos enteramos en mayor medida de lo que ocurre en los sótanos de la política, pero eso rara vez arroja consecuencias negativas para quienes incurren en tales abusos de poder. Transparencia y rendición de cuentas, conviene recordarlo cuantas veces haga falta, no son sinónimos, sino conceptos y prácticas complementarias.
Lo más parecido que teníamos a la rendición de cuentas eran las decisiones emanadas desde la Presidencia, al encarcelar a uno que otro corrupto del gobierno predecesor, para así recuperar algo de la legitimidad perdida por el régimen priista y otorgar popularidad al Presidente en turno. Generalmente se ejercía muy selectivamente y en contra de los enemigos presidenciales. Pero nunca como resultado de la iniciativa de otros actores o instituciones políticas, y menos de la sociedad civil, que en México nació para callar y obedecer. Es decir, había una especie de rendición de cuentas vertical y desde arriba, y no horizontal y desde abajo como corresponde a una democracia cabal.
Pero incluso ese paliativo se perdió durante el gobierno de Vicente Fox, quien por el contrario fortaleció la impunidad, primero para buscar la cooperación del PRI en el Congreso (que nunca obtuvo) y en seguida para no sentar un precedente que se le fuera a revertir cuando él y su frívola esposa dejaran el poder. El caso es que Fox y su partido actuaron como paraguas para proteger a personajes como Ricardo Aldana, Carlos Romero Deschamps, José Murat, Arturo Montiel, Ulises Ruiz y, por supuesto, Mario Marín, ese gobernador poblano que (todavía) se presenta como un moderno Benito Juárez (y no es que el Benemérito fuera una blanca paloma pero, hasta donde sabemos, al menos no protegía a pederastas). El único viso de “rendición de cuentas” aplicado por Fox fue el desafuero contra Andrés López Obrador, que evidentemente fue una maquinación política con propósitos electorales y de pleito personal, manejada además, con tal destreza, que cualquiera que tuviera dos dedos de frente sabía de antemano cómo iba a terminar.
Las cosas no parecen haber cambiado demasiado con Felipe Calderón. Sigue siendo rehén del PRI, como se vio en el asunto de Oaxaca. De intentar algo contra Ulises Ruiz, el PRI le haría el vacío en su toma de posesión. Al menos Felipe ha obtenido más de los priistas de lo que recibió Fox a cambio de la impunidad ofrecida. En el caso Marín, Calderón, como aguerrido candidato, exigió su renuncia inmediata. Como Presidente (legítimo, semilegítimo, ilegítimo o lo que se quiera), se transformó en una inofensiva oveja con los gobernadores priistas, incluidos los corruptos y abusivos, al grado de asistir a sus ceremonias e informes, dándoles con ello un reconfortante espaldarazo.
Por eso es que, si no es la Corte la que retome el liderazgo democrático, ¿entonces, quién? Los magistrados están divididos en torno al caso Marín, como lo han estado en este tipo de asuntos. Quienes se oponen a entrar a ellos temen que la Corte haga funciones de Ministerio Público (aunque con mera fuerza moral), y quienes lo aceptan, dicen que sus recomendaciones, así no sean vinculantes, pueden dar un impulso fundamental a la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos, habida cuenta de lo poco que para ello hacen el Legislativo y el Ejecutivo (o los poderes estatales). Quienes mantienen la primera postura asumen que vivimos ya en una normalidad democrática, donde la Corte, en efecto, debe mantenerse alejada de ciertos temas que corresponden a otras instancias. Pero cuando esas otras instancias han claudicado de sus funciones, como es nuestro caso, entonces la Corte puede contribuir significativamente a retomar la senda democrática de la que nos hemos ido apartando. Así, la decisión de la Corte en el asunto de Marín (y de Oaxaca, por cierto) podría constituir un punto de inflexión, donde el país dejara de ser el paraíso de la impunidad para adentrarse en el territorio de la rendición de cuentas.
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COMENTARIO DE TARTUFO:
¡Ya viene lo bueno! ¡Fiesta estatal ante la caída del PUERCO!
