11/28/07

Unos cartones

Helguera
Rocha

Muy buen resumen de la sesión


Marín gana la primera batalla
Seis ministros noquean a Silva Meza y eliminan el tema de la pederastia de la investigación
Selene Ríos Andraca / Arturo Rueda / Ciudad de México / Enviados

El primer tema que se puso a discusión fue la extensión de la indagatoria, es decir, si el proyecto debería de incluir en sus propuestas un llamado a las autoridades para mejorar el tratamiento a los casos de abuso sexual infantil

Mario Marín Torres ganó la primera batalla, pero la guerra aún no termina. Una mayoría de seis ministros noqueó a su compañero Juan Silva Meza, al eliminar del dictamen preliminar la investigación concerniente a las redes de pederastia, pornografía y explotación infantil. Empero, los bandos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se equilibraron cuando el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo adelantó su voto a favor en la culpabilidad de las autoridades poblanas en la violación de los derechos fundamentales de la periodista.
Para condenar a Mario Marín se han manifestado claramente: Juan Silva —autor del proyecto—, José Ramón Cossío Villegas, Olga Sánchez Cordero, Genaro Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo.

En contra del proyecto de Silva Meza se pronunciaron, Sergio Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia —autor del primer proyecto que exoneraba a Marín—, Sergio Valls y Mariano Azuela.

Es posible que a la tendencia conservadora se sume la ministra Margarita Luna Ramos y tendrá en sus manos la decisión el nuevo ministro Fernando Franco, muy cercano al presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Así, el resultado final podría quedar en manos de Fernando Franco Guzmán, ministro ausente en las dos sesiones de la Corte que ha tratado el tema, pero que se prevé que se reincorpore este jueves cuando posiblemente se termine de discutir el futuro político del gobernador Mario Marín Torres.

El primer tema que se puso a discusión fue la extensión de la indagatoria, es decir, si el proyecto debería de incluir en sus propuestas un llamado a las autoridades para mejorar el tratamiento a los casos de abuso sexual infantil.

Olga Sánchez, Ramón Cossío, Genaro Góngora y Juan Silva defendieron su postura y argumentaron que el proyecto incluía denuncias y testimonios de víctimas sexuales, ya que ese tema había provocado la venganza de Kamel Nacif y que Mario Marín le pusiera a sus pies el aparato de justicia de Puebla.

Empero, Mariano Azuela, Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna, Gudiño Pelayo, Sergio Valls y Aguirre Anguiano avalaron que lo concerniente a la pederastia fuera eliminado, ya que la Corte decidió el 25 de enero de 2006 que se investigara el concierto de autoridades, exclusivamente.


El cruce de llamadas

Después de un receso y a media hora que terminara la sesión pública, Ortiz Mayagoitia puso a discusión la intervención de llamadas telefónicas y la polémica conversación que sostuvo Marín con el empresario Kamel Nacif.

El primero en fijar su postura fue Aguirre Anguiano, quien dijo que la Constitución solamente prevé la intervención de líneas telefónicas cuando se indaga sobre un tema relacionado con la delincuencia organizada.
“Los comisionados mandaron intervenir líneas telefónicas del gobierno del estado de Puebla, de toda gama de autoridades del estado de Puebla, la previsión de estas diligencias de intervención de comunicaciones privadas, la Constitución la refiere a la ley, y la ley prevé estas diligencias, cuando se trata de delincuencia organizada.”


Según Aguirre, la Comisión Investigadora a cargo de Silva violentó la soberanía del gobierno del estado al intervenir sus números: “Bueno, a mí me parece que hubo un agravio a la soberanía o a la autonomía si se quiere, del estado de Puebla, al ordenar la intervención de estas líneas telefónicas, pero algo más, no se tenía el menor indicio de que se tratara de delincuencia organizada, entonces hubo un salto monumental en las atribuciones de los comisionados.”

Después habló de la conversación de Marín con Kamel, la cual dijo, se obtuvo de manera ilegal y tiene valor cero en la indagatoria, empero, dijo, el dictamen de Meza la da por válida en la investigación.

“La textualización de ella, sino que después se cambian las premisas, se da por buena sin decir porqué esta conversación, se le atribuyen méritos convictivos y a través de ella se llega a diferentes engarces probatorios, yo repruebo el método, es un mal manejo de la prueba de inferencias, la res probatum quedó hecha polvo.”
Mariano Azuela se sumó a la postura de Aguirre Anguiano.

En respuesta a esta intervención, la ministra Sánchez Cordero condenó las palabras de su compañero y con dictamen en mano le leyó que Silva Meza ocupó la conversación como punto de partida y que nunca la dio por válida.

Sánchez Cordero leyó: “Sin embargo, como desde el momento mismo de la publicación de la conversación se anotó, y después se comprobó por la Comisión Investigadora, la conversación telefónica no fue obtenida con autorización judicial, lo que constituye una condición que la Constitución Federal señala para que pudiese dársele valor probatorio; por tanto —y aquí viene la respuesta al ministro Aguirre— la Comisión Investigadora determinó, sólo considerarla como hipótesis a verificar, en términos de lo determinado por esta Suprema Corte en la resolución del veinticinco de enero de dos mil siete.”

El segundo en fijar una postura con respecto al cruce de llamadas fue José Gudiño Pelayo, quien consideró que el cruce de llamadas que hizo Silva Meza en abril del 2007, no arroja ningún elemento probatorio digno de discutirse: “Las intervenciones que hizo la comisión, de los cuales no se desprende elemento alguno, creo que esto queda claro en el dictamen y de esa no vale la pena ocuparse”. Empero, Gudiño Pelayo validó que Silva Meza haya utilizado la conversación Marín-Nacif para iniciar la investigación y en ese punto le respondió a Aguirre, al aclararle que el objeto de la investigación nunca fue averiguar si Kamel se había comunicado con Marín, sino el concierto de autoridades.

“El ministro Silva Meza, con mucho detalle puntualizó que se trataba de un punto de partida, de una pista, pero el objeto nunca fue investigar si se había dado la conversación o no, hay elementos importantes que destacó; creo que hay en el dictamen que dice, que aunque fue editada, sí era la voz de las personas que aparecen hablando; es decir, el gobernador y Kamel.”

Y cambiando radicalmente su postura y aclarando el panorama para Lydia Cacho, Gudiño consideró que la investigación estaba bien sustentada y que consideraba que sí hubo un concierto de autoridades para darle un “coscorrón” a la periodista.

“Yo creo que no puede examinarse aisladamente el valor que se le dé a esa grabación, sino hacerse referencia a toda la vinculación de indicios de elementos que vincula el dictamen, para llegar a una conclusión; en el caso concreto, mi convicción es: que sí hubo ese concierto de autoridades, que sí hubo un concierto de autoridades, para perjudicar, o como lo decía ayer el ministro Góngora reproduciendo la conversación, ‘para darle un coscorrón’ a una persona utilizando para eso a la Procuraduría y al Poder Judicial, ese es el tema a investigar y creo que el dictamen, si arriba a esta conclusión de una manera lógica y concatenando todos los elementos que tiene.”

El tercero fue Genaro Góngora, quien se sumó a la postura de Gudiño: “Señor presidente. No tengo nada más que agregar, todo lo ha dicho el señor ministro Cossío, mi hermano, ¡perdón! El señor ministro Gudiño, mi hermano, en una forma clarísima, y yo estoy de acuerdo con eso.”

José ramón Cossío Villegas dividió su postura. Primero validó la conversación Nacif-Marín, al asegurar que el gobernador nunca había negado la veracidad ni el contenido de la misma y que el propio empresario había reconocido el diálogo en una carta publicada en El Universal el 19 de septiembre de 2006.

“Acerca de cuál es la validez jurídica de esa grabación, si está editada, si no está editada; en fin, una serie de elementos que nos podrían llevar a discutir esa situación; sin embargo, sin embargo, en el dictamen de las páginas 11 y 21, se transcribe la carta que el señor Nacif mandó al periódico El Universal, el martes 19 de septiembre de 2006, en donde reconoció varias cosas, y en la parte que a mí me interesa, dice: ‘Soy yo quien habló en esas conversaciones y las expresiones ofensivas son mías, insisto, en diálogos que eran de naturaleza o de carácter privado’.”

Y agregó: “Hasta donde yo tengo conocimiento, esta conversación tampoco fue desmentida por el señor gobernador del estado, simplemente puntualizó algunas condiciones sobre una edición, pero hasta donde yo recuerdo nunca dijo, ‘no existen’; entonces, siendo los dos sujetos los que participan en una conversación que se hace pública primero, y segundo, aceptando los dos sujetos su participación en ella y el contenido general de la grabación, a mí me parece que resultaría muy difícil y no encontraría bajo qué estándar nosotros en este momento pudiéramos desechar ese elemento.”

Un asunto que aclaró Cossío fue la solicitud de registro de llamadas realizadas por las autoridades poblanas antes y después de la detención de la periodista. Y es que el gobernador y otros actores negaron si quiera conocer a los abogados de Kamel Nacif, pero en el registro se refleja que sí se conocían y que hasta comunicación existía.

Asimismo, consideró que la intervención solicitada pos Silva, la cual consistió en un registro, no en contenido de llamadas, no arroja elementos para saber si hubo o no concierto de autoridades (como el propio dictamen reza).

“El problema de las intervenciones, por una razón distinta a la que se da en el proyecto, no tiene valor y a mí me parece que los registros sí establecen un elemento indiciario, suficientemente grave para encontrar por las formas en que se miden y se hacen los patrones y se hacen los registros y se va dando la secuencia, cómo antes de los acontecimientos no había comunicaciones entre ellos, cómo después sí hay comunicaciones; cómo las personas que dijeron que ni siquiera se conocían, establecieron llamadas de este tipo, en fin, un conjunto de elementos que, a mi entender, sí adquieren la fuerza probatoria que se está presentando en el proyecto del ministro Silva Meza y por esas razones, en cuanto a suficiencia de pruebas, insisto, creo que el proyecto, quitando la parte de las intervenciones que me parece delicado, sí tiene una suficiencia adecuada como para permitirnos establecer un juicio ya sobre los hechos.”

No fijaron su postura respecto al cruce de llamadas: Sergio Valls, Margarita Luna y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Que houdini ni que nada, nuevo maestro del escape

sugiero hacerle a marranin como a los gatos y ponerle un cascabel en el pescuezo para saber por donde anda, aunque posiblemente un cencerro le quedaría mejor


Marín escapa de los reporteros, otra vez
En dos eventos, el mandatario utilizó a sus guaruras para evadir a la prensa
Edmundo Velázquez

En el escape, el gobernador abandonó a la procuradora Blanca Laura Villeda, quien salió corriendo detrás de él para el despido protocolario del acto, pero también fue obstruida por la pared de guardaespaldas

Entre empujones y escoltado por sus guardaespaldas el gobernador Mario Marín Torres escapó de la prensa luego de inaugurar la reunión nacional de directores de la Policía Judicial en el país. Entre los guaruras el mandatario se escudó de los reporteros retomando su costumbre de no dar entrevistas mientras entraba al elevador del Hotel Crowne Plaza, donde ocurrió el evento.

El mandatario hizo lo mismo minutos antes, cuando salió del restaurante “La Cocina”, lugar donde desayunó con la procuradora Blanca Laura Villeda, el jefe de la policía judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz y Javier Sánchez Galicia, director de Comunicación Social.

En el escape, el gobernador del Crowne Plaza abandonó a la procuradora Blanca Laura Villeda quien salió corriendo detrás de él para el despido protocolario del evento, pero también fue obstruida por la pared de guardaespaldas.

Sin más opción que enfrentar a los reporteros la procuradora tuvo que acceder a una entrevista en la que dijo no estar satisfecha ni compartir la opinión del ministro Juan Silva Meza sobre el dictamen presentado el lunes ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde ella y el mandatario poblano aparecen como autoridades culpables por vulnerar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Además la procuradora exigió “objetividad y apego a derecho” a los ministros integrantes de la SCJN para el resolutivo.

—¿Qué opina del dictamen que la culpa de la violación de garantías a Lydia Cacho— se le preguntó.

—Pues es lo que él (el magistrado Juan Silva Meza) dice —respondió la funcionaria y luego continuó— Bueno, ¿qué puedo decir?, yo no estoy de acuerdo con ese dictamen. Sin embargo yo espero la decisión del pleno, sigo confiando en que van a actuar con estricto apego a derecho, sigo confiando en que los ministros van a resolver con objetividad y con respeto a las garantías individuales de las personas sujetas a la investigación. Eso es lo que sigo esperando.


Antes de negarse a responder más preguntas y volver a la reunión con jefes de las policías judiciales de todo el país, se refirió claramente a Lydia Cacho. “Lo único que puedo decir es que no soy yo la que ha lucrado con una mentira.”


Cabe decir que el mandatario ya había escapado una primera ocasión de los reporteros un evento donde acompañó a Luis Mora en la asamblea nacional de la Cámara Patronal de Puebla (Coparmex).

11/26/07

Determina Ministro que Marín violó garantías de Lydia Cacho

El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión del dictamen sobre la presunta violación a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador de puebla, Mario Marín, sin agotar el tema, que seguirá analizando en la sesión de mañana.

El dictamen, elaborado por el ministro Juan Silva Meza, establece que las autoridades de Puebla violaron los derechos de la periodista, que, de acuerdo con la exposición del ministro Genaro Góngora, fue víctima de tortura psicológica.

El ministro dio lectura a parte de las trascripciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador poblano y el empresario textilero Kamel Nacif que ponen en evidencia el acuerdo entre ambos para detener y dar una lección a la periodista.

La jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone este lunes a iniciar la discusión del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, y aunque el nuevo dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza propone señalar al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, como responsable directo de la violación grave de las garantías individuales de la autora de libro Los demonios del Edén, por haber violentado los principios de federalismo y división de poderes, hasta este fin de semana el proyecto apenas alcanzaba el aval, en su totalidad, de dos ministros, revelaron funcionarios de primer nivel del máximo tribunal.
La quinta columna
Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación, desestimó el fallo que emitirá hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al escándalo Marín-Cacho al asegurar que aunque éste sea en contra del mandatario, Mario Marín seguirá gobernando hasta finalizar su periodo. El funcionario advirtió que la resolución final la tendrá el Congreso del estado —de mayoría priista—.

11/4/07

Diario de una periodista perseguida [El Pais]

La camioneta Suburban blindada espera en el aeropuerto internacional de Cancún. Tres agentes federales -una mujer y dos hombres- me trasladan hasta un discreto restaurante del centro de la ciudad, donde espera Lydia Cacho (México DF, 1963). Los escoltas son el escudo protector de la periodista mexicana ante las temibles amenazas que recibe desde hace dos años. Hombres influyentes de la política y los negocios suspiran por acallar a esta mujer valiente, que se ha atrevido a denunciar una amplia red de pornografía infantil y lavado de dinero que compromete a destacados nombres de los círculos de poder. La cara más sórdida de Cancún, un polo turístico de referencia en México, ha salido a la luz gracias a Lydia Cacho. Su caso ha traspasado las fronteras de su país, y ha recibido el apoyo solidario de organizaciones de derechos humanos y de miles de intelectuales y artistas de todo el mundo.
Sus denuncias han sido silenciadas por los principales medios de comunicación
Edith fue la primera víctima en acusar al empresario libanés de violación desde los 13 años
"No han podido desaparecerme, pero han intentado destruirme públicamente"
En 2005 fue detenida sin orden judicial. La pesadilla duró 26 horas. Lydia temió por su vida
Decidieron darle un escarmiento: que fuera al pabellón de presas lesbianas para que la golpearan
No es habitual la imagen de una periodista rodeada de guardaespaldas, a pesar de los peligros que entraña esta profesión en muchos países. Ahí están los asesinatos del estadounidense Danny Pearl en Pakistán, cuando investigaba las redes de Al Qaeda, o de la reportera rusa Anna Politkovskaya, voz crítica con el presidente Vladímir Putin. Y las decenas de periodistas mexicanos muertos o desaparecidos sin mayor trascendencia para las autoridades y la opinión pública.
Lydia Cacho lleva tiempo en el ojo del huracán. Ha sido víctima de calumnias y amenazas, que se han traducido en demandas judiciales, una detención ilegal ordenada desde altas esferas y un atentado fallido. El fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos reconoce que las amenazas van en serio y pide a la periodista que no baje la guardia. Ésta es su respuesta: "Siento mi vida secuestrada por este reconocimiento público. Emocionalmente, me siento secuestrada. Es tremendo ir por la vida con tres federales que están pegados a ti todo el tiempo, sin poder hacer una llamada telefónica sin que se enteren de lo que estás hablando, sin tener un solo espacio tuyo. Para quienes han elegido vivir con escolta, como los políticos o famosos, es distinto. Reconozco que con el tiempo he desarrollado algunas herramientas personales para soportar esta situación, pero me cuesta mucho".
La periodista vive un dilema tremendo. Estar permanentemente en los medios de comunicación es un tormento, pero cuando su nombre deja de estar en el candelero hay que preocuparse. Y esto es lo que ocurre actualmente. Las puertas se han cerrado en las más importantes cadenas de televisión y emisoras de radio y en los diarios de mayor difusión. Lydia Cacho fue invitada al programa Reporte 13, de TV Azteca, que dirige Ricardo Rocha. Se grabó, pero no se emitió jamás. Los responsables del canal adujeron que conocían la historia de la periodista y que no era conveniente hablar de ella. Lo mismo sucedió en el espacio Shalalá, de Sabina Berman y Katia d'Artigues, en la misma cadena. "Tenemos su expediente", dijeron los jefes. Igual suerte corrió la entrevista que le hizo Fernanda Familiar para el canal de TV de Radio Imagen. Asimismo, el periodista Sergio Sarmiento comprometió una entrevista con Cacho cuando su programa en TV Azteca cumplió 10 años. "Yo tenía mis dudas y se lo comenté a su asistente. Al día siguiente me llamó para decirme que no había disponible ningún estudio de grabación. Insólito. Nunca me volvieron a llamar".
En Televisa, la cadena líder en México, Lydia Cacho apenas existe, salvo para dos o tres periodistas. El veto adquirió tintes groseros en la transmisión de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Cacho formaba parte del jurado, pero su imagen fue la única que no se vio en ningún momento.
Que no se hable del caso Lydia Cacho es un mal escenario, porque sus enemigos pueden sentir la tentación de actuar, amparados en la impunidad del olvido. Inmersa en esta contradicción irresoluble, Lydia ha decidido contar en voz alta toda su historia, desde el principio y en primera persona, en Memorias de una infamia (Random House Mondadori), que está a punto de ver la luz. "Escribo este libro para que no prevalezca, como es usual, la versión de los poderosos, de los que siempre ganan. No han podido desaparecerme, pero han intentado -y lo seguirán haciendo- destruirme públicamente", dice en la introducción.
El realizador mexicano Luis Mandoki, acostumbrado durante más de 10 años a las producciones de Hollywood como Atrapada, Mirada de ángel, Cuando un hombre ama a una mujer y Voces inocentes, ha decidido llevar al cine la historia de Lydia Cacho y está en conversaciones para involucrar en la producción a figuras como Jodie Foster y Angelina Jolie. El festival de documentales DOCS, que acaba de celebrarse en la Ciudad de México, proyectó Los demonios del edén, dirigido por Alejandra Islas y basado en el libro del mismo título que Cacho publicó en 2005 y desató el escándalo. Fue cuando los mexicanos se enteraron de la existencia de un tal Jean Succar Kuri, nacido en Líbano hace 63 años, que llegó a México de adolescente, presumiblemente de manera ilegal. De la mano de contactos influyentes -empresarios y políticos-, hizo buenos negocios como testaferro en Acapulco, y en el sector comercial y hotelero en Cancún.
Pero debajo del empresario de éxito se ocultaba una mentalidad perversa y endemoniada, con una debilidad por las niñas que acarician la pubertad. Es su otra cara, que extorsionaba sutilmente a hijas de gente conocida de Cancún, a las que ofrecía dinero a cambio de dejarse tocar y fotografiarse con él. "Muchos de los buenos amigos de Succar", escribe Lydia Cacho, "no saben que sus hijas, ya adultas y bien casadas, fueron víctimas del empresario libanés".
Durante más de dos décadas, Succar Kuri explotó sexualmente a casi un centenar de niños y niñas en la más absoluta impunidad. La Procuradoría General de la República (PGR) habló de una red de pornografía infantil relacionada con el crimen organizado. Pero las consideraciones de la fiscalía no preocupaban al pederasta, que presume de amistades poderosas, como José López Portillo, ex presidente de la República; Miguel Ángel Yunes, ex subsecretario de Seguridad Pública Federal, y Emilio Gamboa Patrón, actual jefe del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Edith Encalada fue la primera víctima en denunciar su violación por parte del empresario libanés desde los 13 años, y la de su hermana y su prima, de ocho y nueve, respectivamente. En su declaración aseguró que Kuri contactaba con niñas de Estados Unidos que ofrecía a sus compinches Kamel Nacif, empresario textil de origen libanés; Alejandro Góngora, que fue delegado de Migración y del Seguro Social en Cancún, y Yunes. El nombre de Gamboa, como protector político del empresario libanés, también figuraba en la denuncia de la muchacha.
Con la ayuda de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, Edith tendió una trampa a Succar Kuri y grabó una conversación comprometedora que los dos mantuvieron en el jardín de un restaurante del centro de Cancún. Los agentes de la fiscalía habían instalado una cámara oculta y sembrado el lugar de micrófonos con el propósito de obtener pruebas contundentes contra el hotelero libanés. Mordió el anzuelo. "Al escuchar ciertas frases perdí el aliento, el ácido subió por mi esófago, la boca se me secó de inmediato", recuerda Lydia Cacho en el libro. "¿Cómo pudo sentarse a grabar a su verdugo con semejante arrojo?". La víctima y el agresor estaban frente a frente. Con toda parsimonia y sin sospechar nada, el hombre contó así una de sus hazañas repugnantes:
Succar: "Lesly fue a mi casa desde los 8 hasta los 12 años. Lesly se bañaba conmigo, estuvo conmigo mucho tiempo, dormía semanas enteras conmigo y jamás le hice nada".
Edith: "Pero la besabas y la tocabas".
Succar: "¡Te estoy diciendo que eso está permitido! Porque ése es el riesgo de ir a casa de un pinche viejo que está solo, es parte del riesgo; los papás nada más decían: 'Me cuida a mi hija, me cuida a mi hija'. Eso está permitido. Por ejemplo, yo le digo a Lesly: 'A mí tráeme una de cuatro años', y si ella me dice: 'Ya está cogida', y yo veo si ya está cogida, veo si le meto la verga o no. Tú lo sabes que esto es mi vicio, es mi pendejada, y sé que es un delito y está prohibido, pero esto es más fácil, pues una niña chiquita no tiene defensa, pues la convences rápido y te la coges. Esto lo he hecho toda mi vida, a veces ellas me ponen trampas, porque se quieren quedar conmigo, porque tengo fama de ser un buen padre".
El material grabado acabó en manos de la fiscalía, que lo presentó a la prensa como parte de la investigación de una red de pornografía infantil. El escándalo fue de órdago. El pederasta huyó antes de que el juez dictara la orden de captura, y las víctimas sufrieron el acoso de los medios de comunicación y las amenazas de los agresores. "¡Yo no soy a quien deben juzgar!", suplicó Edith en una conferencia de prensa en la que compareció con la cara tapada.
Las muchachas se refugiaron en el Centro Integral de Atención a la Mujer de Cancún (CIAM), fundado por Lydia Cacho hace seis años para acoger a víctimas de la violencia. Claudia Fronjosá, coordinadora del equipo de psicólogos del CIAM, recuerda que las víctimas llegaron con un gran sentimiento de culpabilidad. "Todo era muy perverso. Succar les decía: 'Tú vienes aquí porque te gusta, nadie te obliga, eres una putita...'. Ellas sentían vergüenza, culpa y miedo por las amenazas. Era una situación muy difícil para aquellas niñas que venían de familias desintegradas, sin una clara presencia del padre".
La psicóloga explica que Edith quería acabar con el infierno que vivía con el pederasta libanés. "En el CIAM le dimos muchas opciones para recuperarse y rehacer su vida". Lydia Cacho le consiguió trabajo en un informativo de televisión en la Ciudad de México. Corría 2003 y la chica tenía 21 años. Aparentemente, todo iba bien. Pero los abogados de Succar Kuri y Kamel Nacif pasaron a la ofensiva a base de amenazas y chantajes a las jóvenes y a sus familias. Edith cayó de nuevo en la red. Inesperadamente, dejó todo y desapareció. En mayo de 2005 concedió una entrevista a la televisión mexicana desde su nueva residencia en Los Ángeles, en la que defendió al pederasta y criticó a Lydia Cacho. Una tras otra, las jóvenes que estuvieron atrapadas en la red de pornografía infantil se retractaron de sus declaraciones, retiraron las demandas o, simplemente, desaparecieron. El poder de la corrupción hizo estragos.
Succar Kuri fue detenido en Arizona a petición de la Interpol y acabó siendo extraditado a México, donde lo tiene difícil para esquivar una dura condena. Está preso en el penal de alta seguridad Altiplano, en Toluca. Sus amigos en el mundo de los negocios sucios y la política prepararon la represalia. El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho vivió la peor pesadilla de su vida. Duró 26 horas, pero dejó huellas difíciles de borrar. Por orden del gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, un dinosaurio del PRI, un grupo de diez policías poblanos detuvo sin orden judicial a la periodista frente a la sede del CIAM, en Cancún. La acción era a todas luces ilegal, ya que los agentes actuaban fuera de su jurisdicción. Además, ¿por qué una decena de policías para detener a una periodista, como si se tratara de la cabecilla de una banda de narcotraficantes?
La cosa no quedó ahí. La detenida fue secuestrada "legalmente" y trasladada en un convoy de tres vehículos a Puebla, en un viaje que duró 20 horas y recorrió 1.500 kilómetros repartidos entre cinco Estados de la República. "¿A qué hora me matarán?, ¿dónde tirarán mi cuerpo?", eran las preguntas que rondaban en la cabeza de Lydia. No le faltaban motivos. Los secuestradores convirtieron el viaje en una humillación y tortura psicológica interminables, con amenazas brutales, como colocar el cañón de una pistola en su boca. "Si toses, se dispara", gritaba el energúmeno. Llegó a dar por hecho que acabaría arrojada al mar al llegar a la ciudad de Champoton, en el Estado de Campeche.
La rápida respuesta de los colegas de la televisión, que difundieron la noticia de la detención cuando Lydia estaba de camino a Puebla, cambió los planes de los secuestradores, que recibieron la nueva orden por radio. "Es usted famosa. Ya salió en la tele". Estaba a salvo, pensó. El paso por el Reclusorio Oriente de Puebla fue la última etapa del calvario, en la que pretendieron encerrarla en una celda con las reclusas más violentas. La amenaza no se cumplió. La juez penal la interrogó a través de las rejas y en presencia de las cámaras de televisión. Tras la lectura de la acusación, la periodista no tenía ninguna duda de que Kamel Nacif y Succar Kuri estaban detrás del operativo policiaco.
No es habitual. El verdadero artífice de la detención ilegal de Lydia Cacho se descubrió semanas después cuando el diario La Jornada difundió las famosas conversaciones grabadas clandestinamente entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y su amigo Nacif, que le llama cariñosamente "mi gober precioso". Una expresión que se ha hecho famosa en México. El tono barriobajero del diálogo, las descalificaciones e insultos confirman que ambos decidieron dar un buen escarmiento a la periodista y quién sabe si pretendían llegar más lejos. Nacif expresó a uno de sus interlocutores, Hanna Juanito Naket, el deseo de que Lydia Cacho fuera al pabellón de presas lesbianas con el objetivo de que fuera golpeada y violada.
El "gober precioso" se convirtió en una de las figuras más desacreditadas de la política mexicana durante la campaña de las elecciones presidenciales de julio de 2006. La demanda de Lydia Cacho contra el caudillo de Puebla llegó hasta la Corte Suprema. Por primera vez, la acción de un particular contra un gobernador está en manos del más alto tribunal de México, que en un futuro próximo dictaminará si hay elementos para enjuiciar políticamente a Marín. Si así lo estima conveniente, el Congreso de la Nación tendrá que pronunciarse sobre la suspensión de la inmunidad del gobernador.
Lydia se daría por satisfecha con una votación afirmativa. "Tengo claro que no voy a sacrificar cuatro años de mi vida para un juicio penal contra Marín, porque no tengo dinero. He gastado casi tres millones de pesos (unos 260.000 dólares) desde que comenzaron los pleitos en gastos de abogados, billetes de avión, hoteles. Estoy hasta el cuello de deudas".
Los políticos, empresarios y nombres conocidos que están acusados de pertenecer a la red delictiva no son los únicos. Hay más. La periodista los conoce, pero de momento prefiere callar y no los menciona en su nuevo libro. "No quería que se convirtiera en la bala a utilizar por algunos políticos para atacarse y destruirse mutuamente. Me limité a contar lo que pasa. Explico que hay más vídeos en los que aparecen otros políticos. Le corresponde al Estado y a la PGR tomar cartas en el asunto. Ellos han visto los vídeos y tienen la lista de todos los involucrados. No soy policía".
La situación de los políticos denunciados por Lydia Cacho y que figuran en los sumarios de la fiscalía no invita al optimismo. Miguel Ángel Yunes, ex subsecretario de Seguridad Pública Federal, está al frente de la Seguridad Social en el Gobierno de Felipe Calderón. "Contra él pesan las acusaciones de la niñas y aparece en vídeos con menores. No tiene ninguna causa judicial abierta por este tema".
Emilio Gamboa Patrón, ex senador, es el líder del poderoso grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. No hay ninguna investigación ni proceso en su contra, a pesar de que aparece en una grabación con el gobernador Marín, en la que acuerdan una maniobra conjunta sobre la Ley del Juego. Abundan las acusaciones contra este político poderoso, especialmente por sus andanzas en Yucatán, su Estado natal.
Kamel Nacif, conocido en Puebla como el rey de la mezclilla, es, según Lydia Cacho, el capo di tutti capi. Pero no tiene abierto ningún proceso ante la justicia. "Es el empresario todopoderoso, que extorsiona a los gobernadores de Chiapas -'lo que tú quieras, papá', le dice éste-, Veracruz, Puebla y los antiguos caudillos de Quintana Roo y Guerrero, que negocia la entrega de un cheque con el obispo Chedraui, con el senador Gamboa...".
La periodista ha afrontado dos careos con Nacif, en los que éste profirió amenazas, ante la pasividad del juez. Lydia Cacho presentó una demanda penal contra el empresario por tentativa de violación en la cárcel, intento de homicidio en un atentado a su coche y por el contenido de las conversaciones telefónicas grabadas. La causa está paralizada. Es decir, no hay petición de pena por parte del fiscal, y a Nacif no le investiga nadie. Por el contrario, Lydia ha tenido que pasar por varias pruebas psicológicas por orden de la fiscalía. Incluso después del intento de atentado sufrido en mayo, cuando la camioneta en la que viajaba con sus escoltas perdió el control y el conductor tuvo que frenar en seco. Una llanta posterior estaba mal colocada porque había sido movida del eje y los tornillos estaban aflojados completamente. Los agentes federales confirmaron los peores temores. El propio fiscal antidrogas aconsejó a Lydia presentar la denuncia de inmediato. Varios meses después, la investigación estaba en punto cero cuando llegó una citación a la periodista para un examen psicológico. Se trataba de comprobar si se había inventado la historia del atentado, a pesar del testimonio de los escoltas.
Es una lucha desigual, de David contra Goliat. ¿En quién confiar después de tantos meses de lucha... "Instituciones, ninguna. Ni la PGR ni la Corte Suprema. El Congreso, menos. Y de los medios de comunicación, mejor no hablar". En medio de tanta soledad es difícil avizorar el final del túnel. "A veces sí lo veo, y cuando lo veo pienso que la única manera de parar todo esto sería que me mataran. Es decir, no está en mis manos. Otras veces pienso que llegará el día en que podré retomar mi vida. No sé qué realista es eso, no tengo ni idea".

http://www.elpais.com/articulo/paginas/Diario/periodista/perseguida/elpepusoceps/20071028elpepspag_10/Tes
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