Se murió marranin

Bueno, eso fue lo que pense cuando escuchando las noticias dijeron que: por loma bella dejaron tirado un marrano apestoso y del que nadie quiere hacerse cargo. De hecho al ver la foto dije; si, ese es Mario Plutarco (nomas chequen la foto de al lado), Pero ya hable a casa aguayo y ya contaron al personal y están completos de marranos, ratas y demás, no les falta ni uno. Por si las dudas ahí les dejo la foto, ya ven que luego hay cerdos que trabajan para el gobierno pero no están en la nomina, nomas les pagan por debajito del agua

Cero y van 4

EL MARRANO MARRANIN COMO FIGURA NACIONAL

EL MARRANO MARRANIN YA TIENE SU BANCO

Para los que desean conservar abominaciones, existen billetes que se pueden intercambiar por dos botellas preciosas.

Salud ¡¡¡¡¡¡¡¡

SCJN: un paso adelante, dos atrás

Cesar Cansino

Hace apenas un mes saludaba en estas mismas páginas la resolución de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la querella interpuesta por la periodista Lydia Cacho en contra de diversas autoridades acusadas de violentar sus derechos humanos, pero sobre todo contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el góber precioso.

Según dicha resolución la Comisión respectiva solicitaba al pleno de la SCJN emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al góber precioso por incurrir en violaciones graves a las garantías de la periodista. Asimismo, se exhortaba a proceder penalmente contra otros posibles involucrados, como Kamel Nacif, y algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, por su supuesta complicidad y encubrimiento.

Sin embargo, un mes después, la SCJN resolvió sorpresivamente autolimitar sus propias facultades atendiendo a la ambigüedad del derecho constitucional mexicano, que en su artículo 97 constitucional faculta a la Corte tan sólo a describir los hechos y eventualmente señalar a los responsables de los acontecimientos que se le pida investigar, pero sin recomendar algún tipo de sanción contra ellos. Obviamente, con esta interpretación a la letra de la Constitución el primer beneficiado es el propio gobernador de Puebla porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político como lo propuso en su momento la comisión respectiva.

Por otra parte, cualquiera que sea el “fallo” de la SCJN sobre el caso Cacho o sobre los otros temas igualmente en examen por presuntas violaciones a los derechos humanos (Atenco y Oaxaca), entrará a un laberinto político sumamente complicado, pues no existen reglas jurídicas claras e inobjetables para proceder en casos de este tipo. En otras palabras, la decisión de la SCJN de autolimitar sus competencias no hace sino alimentar los vericuetos y las oscuridades de nuestro sistema de justicia, que al carecer de un árbitro visible y legítimo deja que asuntos que han lastimado a la ciudadanía como los excesos del góber precioso se resuelvan en los tiempos y en el terreno que conviene a los propios actores políticos atendiendo más a criterios políticos que estrictamente jurídicos.

Se podrá insistir que en los tiempos que corren nadie puede estar por encima de la ley, lo cual es correcto y totalmente válido para entender la decisión de la SCJN. Sin embargo, da la casualidad que las facultades de la SCJN fueron diseñadas en el pasado en el marco de un esquema de subordinación al Poder Ejecutivo. Si el Poder Judicial ha venido adquiriendo un creciente protagonismo y centralidad en los años recientes es porque no existía otra instancia que pudiera mediar entre intereses contrapuestos en el contexto de una nueva pluralidad y competencia partidista.

Sin embargo, sus facultades siguen siendo limitadas por la propia ley vigente. Sin un duda, un tema crucial de la reforma del Estado, pues tal y como está la normatividad, pareciera que el país no cuenta con un árbitro para dirimir conflictos graves como el de la violación a los derechos humanos, que involucra a actores políticos, y deja el asunto a los propios protagonistas.

Obviamente, la decisión de la SCJN ha generado una sensación de impotencia y desencanto entre muchos mexicanos que esperábamos de esta instancia un fallo enérgico y contundente sobre el caso Cacho. Para muchos, la decisión de la SCJN vulnera la propia credibilidad de las instituciones de justicia en el país, y la posibilidad de que los ciudadanos podamos confiar nuevamente en el derecho.

La cauta actuación de la SCJN sobre este caso, aunque reconozca que se violentaron los derechos de la periodista Cacho, al no traducirse en recomendaciones precisas para proceder penalmente, se suma en los hechos a la pasividad y la negligencia de los otros poderes para actuar en consecuencia ante la evidencia de abusos de autoridad como el del góber precioso.

En efecto, cabe recordar que se recurrió a la última instancia legal del país —la Suprema Corte— para que se fijara un curso a seguir en este caso, dado que nadie quiso hacer nada antes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo y mucho menos el Congreso poblano. En el ínterin, dada la laxitud de la ley ante la impunidad, el góber precioso se la pasó comprando aliados y periodistas para intentar limpiar en parte su imagen pública tan deteriorada.

Como se sabe, el caso Marín nos mostró sin maquillaje la enorme impunidad con la que todavía se puede actuar en los ámbitos oficiales. Quien quiera documentar el cinismo con el que se mueven muchos gobernantes, los abusos de autoridad ilimitados, la impunidad que solapa la corrupción, los enclaves autoritarios que todavía existen en varios gobiernos locales, sobre todo priístas, sólo tendrá que asomarse a este crudo episodio del México real.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/38355.html

Despues de todo esto, solo queda vomitarse ante el temor fundado de ser sujeto a una investigación judicial en Puebla, ya que tenemos tanta libertad como en Uganda.

Irán diputados priistas contra Marín: Cacho

La periodista asegura que legisladores federales le han comprometido el voto para actuar en contra del mandatario.

Selene Ríos Andraca

La autora de Los Demonios del Edén festejó la resolución de la Corte, en el sentido de mantener las conclusiones de Silva Meza. Lydia está segura que el Congreso de la Unión actuará contra Mario Marín

Legisladores federales priistas están dispuestos a iniciar un juicio político en contra del gobernador Mario Marín Torres en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe las conclusiones de la investigación del ministro Juan Silva Meza, las cuales establecen que el mandatario y otras autoridades estatales confabularon para aprehender y violentar las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro.

En entrevista con Cambio, la autora de Los Demonios del Edén reveló que varios diputados federales emanados del tricolor se han comprometido con ella a que sí votarían a favor de se inicie un juicio político contra Marín.

A decir de la periodista, los legisladores que le han comprometido su voto se comenzarán a pronunciar y a destapar una vez que la Corte discuta el dictamen presentado por Silva Meza el pasado 26 de junio, mismo del que se aplazó su aprobación por la falta de un reglamento que rija las facultades investigativas del máximo tribunal del país.

Sobre la resolución que tomó la Corte el martes pasado, en el sentido de respetar las conclusiones de la investigación que desfavorece a Mario Marín, Lydia Cacho se mostró complacida: “La Corte ya tiene la investigación, ésta queda intacta. Marín no puede deslindarse de la realidad”.

Al preguntarle acerca de las limitantes que se puso la propia Corte para recomendar sanciones, Cacho consideró: “Me parece que eso ya lo sabíamos, nadie podía esperar que la Corte hiciera algo que no le corresponde. Nunca en la historia de México se ha recomendado así. No tiene las facultades”.

El hecho de que la Corte haya aplazado la discusión de las conclusiones desfavorables para el gobernador causaron en Lydia Cacho un desconcierto: “Sospechábamos que los abogados de Mario Marín y el propio Mario Marín tuviera incidencia en la Corte. Ahora sabemos que no fue así. Mientras se mantenga el contenido del informe, nos tiene tranquilos. Satisfechos”.

Es preciso recordar que las conclusiones de Meza establecen que Marín, Guillermo Pacheco Pulido, Blanca Laura Villeda y la jueza Rosa Celia Pérez González confabularon para beneficiar al empresario Kamel Nacif, aprehendiendo y torturando a Lydia Cacho, quien en su obra periodística revela una red política y económica que protege la pornografía infantil y la pederastia, así como al pedófilo confeso Jean Surcar Kuri.

El dictamen, dijo Cacho, es una radiografía de la realidad: “Creo que son buenas noticias. Sabíamos que el ministro Aguirre Anguiano estaba peleando con recomendaciones para que se desapareciera el informe de Silva Meza y se abriera una nueva comisión. No lo logró. Con la determinación de mantener el informe se despolitizó. La investigación queda intacta. Marín no se puede deslindar de la realidad”.

Finalmente Lydia Cacho consideró que a finales de octubre “tendremos el resultado, creo que será favorable. Será el Congreso de la Unión el que presente el juicio político, tenemos diputados del PRI que ya se manifestaron que sí llevarán el juicio político con respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han hablado conmigo, con mi abogado. Queda claro que en todos los partidos hay personas con ética”.


OJALA EL OPTIMISMO DE LYDIA SE HAGA REALIDAD PARA BENEFICIO DE ELLA Y DE LOS POBLANOS.

“Más Cerca que Nunca la Virtual Exoneración de Marín”.

De Cómo el Baltasar Garzón Colegiado (o sea la Corte) se Volvió a Quedar Entrampada (La Danza de las Togas y los Birretes).

La Quintacolumna
de Mario Alberto Mejía

Y dio cuenta de la información que en La Jornada on line ofreció el reportero Jesús Aranda, quien cubre la fuente de la Corte con una sagacidad que asombra.En dicha nota Aranda reveló detalles más que elocuentes que venían a confirmar que los señores ministros estaban decididos a exonerar virtualmente al gobernador Mario Marín en el caso Lydia Cacho.

Ayer, otro reportero de la fuente, Carlos Avilés, de El Universal, informó que la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia “decidió limitar su actuación en investigaciones de violaciones graves a las garantías individuales en casos como los de la periodista Lydia Cacho y de los conflictos en Atenco y Oaxaca. (…) El primer beneficiado con esta medida será el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político, como lo propuso en junio el ministro Juan Silva Meza”.

Horas después, el ministro Sergio Valls dio un giro extraño y confirmó que en las investigaciones en las que la Suprema “comprobó la existencia de violaciones graves de garantías individuales” se limitará sólo a emitir un informe en el que se diga que “sí hubo violaciones” y se dé cuenta de “qué autoridades están involucradas” en los hechos.

Según la versión del reportero de El Universal,el ministro Valls “explicó que las conclusiones de las investigaciones que haga la Corte, en casos como el de detención de la periodista Lydia Cacho y de los enfrentamientos en Atenco y Oaxaca, ‘las va a hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes’, para que sean éstas las que decidan qué hacer con el resultado de las indagatorias realizadas por el máximo tribunal”.

Pero aquí viene un punto curioso.Vaya: de lo más extraño.

Resulta que en las nuevas reglas –siempre de acuerdo con el reportero de El Universal- “se prohibió que la Corte pueda solicitar que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda intervenir conversaciones telefónicas como aconteció en el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien se le intervinieron sus llamadas durante el proceso de la investigación”.

Lo que no dice la nota es que las intervenciones telefónicas hechas a Marín, a Guillermo Pacheco Pulido, a Rosa Celia Pérez y a la procuradora Blanca Laura Villeda sí serán tomadas en cuenta por el ministro Juan Silva Meza –quien seguirá al frente de la investigación- en el largísimo proceso que culminará cuando se le otorgue al gobernador –sólo a él- la garantía de audiencia. Esto significa que en unas cuantas horas –entre la información publicada por El Universal en su nota principal de la edición de ayer y la salida de Valls a los medios- las cosas se movieron significativamente, tanto así que las botellas de cognac que se tenían previstas abrir quedaron para otra ocasión.

En pocas palabras: Silva Meza seguirá al frente de la investigación, tomará en cuenta las intervenciones telefónicas para ratificar su tesis de que hubo violación de las garantías individuales de Lydia Cacho y dará a conocer sus nuevas conclusiones una vez que le conceda el derecho de audiencia al gobernador Marín.

Eso sí: la Corte sólo hará del conocimiento de las autoridades competentes las conclusiones que saque, por lo que el Caso Marín-Cacho pasará a los ámbitos del Congreso de la Unión, de la PGR o de la Presidencia de la República.

Llama en serio la atención el giro que se le dio a las cosas, pues cuando todo indicaba que Marín sería beneficiado por la decisión de los ministros apareció una mano que terminó por golpear togas y birretes.

http://www.laquintacolumna.com.mx/2007/agosto/columnistas/colu_laquinta_140807.html

Ojalá esto no quede como siempre, en puras promesas de aplicación de justicia y resulte que después del derecho de audiencia al MARRANO MARRANIN, ya prescribió la acción de la justicia y pida la declaratoria de SOBRESEIMIENTO de la presente causa.

“Prescribe”, juicio político a Marín

O SEA, YA VALIÓ MADRES TODOS LOS QUE ESPERÁBAMOS JUSTICIA.






Arturo Luna Silva
GARGANTA PROFUNDA

Al parecer, poco importa ya lo que decida –si es que algún día decide– la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al horroroso caso Cacho.

Podría, incluso, ser jurídicamente irrelevante que a la postre termine declarando culpable a Mario Marín y, por consecuencia, dando vista al Congreso de la Unión para iniciarle un juicio político.

Y es que esta posibilidad, la del juicio político, de acuerdo con la Constitución Política de México, ya ha prescrito.

Sobre todo si se recuerda que fue hace más de un año (exactamente el 21 de marzo de 2006) cuando la Cámara de Diputados y el Senado pidieron a la SCJN investigar al gobernador de Puebla para saber su grado de participación en la acción concertada del poder local contra la periodista Lydia Cacho.

Pasó ya tanto tiempo, manosearon tanto el caso y se hicieron tantas bolas, que hacer “justicia” luce hoy imposible.

Dice el análisis de tipo jurídico que hace unos días llegó a manos del columnista y que, al revisarlo, varios expertos en derecho dieron por válido:El juicio político procede por actos u omisiones que redunden un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Cualquier ciudadano bajo su más estricta voluntad y mediante (la) presentación de elementos de prueba, podrá formular la denuncia respectiva.

El artículo 14 de la Constitución Federal dice que el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

Dicho procedimiento se inicia en términos del artículo 109 Constitucional desde el momento en que se formula la denuncia, término que no queda sujeto a condición alguna.

En su artículo 5, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que regula el procedimiento del juicio político, establece que "el juicio se seguirá por violaciones graves a la Constitución general de la República y a las leyes federales que de ella emanan."El artículo 6 considera como violaciones graves aquellas que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Y el artículo 9 de la citada ley federal señala con precisión que las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento, cosa que en el caso Cacho sucedió hace ya casi año y medio, por lo que se puede afirmar que en términos constitucionales ha prescrito la posibilidad de llevar a juicio político a Mario Marín, aun cuando la Corte haga uso de sus facultades y así se lo recomiende al Congreso de la Unión.

No está por demás agregar que, por si fuera poco, debe observarse que el solo escrito de solicitud de juicio político no procede si con la denuncia no se acompañan los elementos probatorios.

Jamás se puede iniciar un juicio político con un solo oficio de petición, situación que aconteció tanto en el Congreso federal como local en el caso Puebla, razón por la que aparte del tiempo transcurrido no procede dicho juicio.

http://www.milenio.com/puebla/milenio/firma.php?id=248353